México se debate entre la prohibición y la necesidad de una nueva ley

Ante el escenario político que enfrenta el sector del juego en México, los abogados Alfredo Lazcano y Andrea Avedillo, de la firma Lazcano Sámano S.C., advierten un ánimo prohibicionista de parte del actual gobierno y destacan la necesidad de una nueva ley que rija la industria en el país norteamericano.

El siguiente artículo constituye la primera parte de una serie de entregas que los especialistas de la firma publicarán en Yogonet durante las próximas semanas:

Parte 1: El Decreto Presidencial

El 4 de octubre de 2023, la actual titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, compareció ante la Cámara de Diputados del Congreso Federal, manifestando, entre otras cosas, su intención de publicar un decreto de reforma (“Decreto”) al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (“Reglamento”) “que permita regresar a lo que establece la ley y que, en todo caso, sean los legisladores y las legisladoras los que definan las condiciones en que pudiesen operar este tipo de juegos y sorteos, porque es facultad del Legislativo, no así del Ejecutivo”.

Como muchos de nuestros lectores saben, dicha intención se materializó el pasado 16 de noviembre; fecha en la cual el Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. En términos generales, el Decreto parece desvelar un ánimo prohibicionista que no se había observado en los casi 6 años de la administración del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, está muy próximo a concluir su encargo constitucional.

Irónicamente, aunque es cierto lo dicho por la secretaria Alcalde Luján, en el sentido de que la facultad de establecer de manera general los términos y condiciones bajo los cuales se celebren juegos con apuestas y sorteos en territorio nacional es exclusiva de los legisladores –y no del presidente ni de su gabinete–, hoy en día, la industria del juego en México está resintiendo las decisiones que se tomaron desde el poder Ejecutivo Federal, y no a través del Congreso de la Unión.

Este tipo de contradicciones no son nuevas en nuestro país. Aunque la industria del juego en México ha sido estable por más de dos décadas, el debate entre lo prohibido y lo permitido también ha sido una constante.

Por ejemplo, el Reglamento publicado en 2004, vino a tratar de solventar ciertos vacíos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que data de 1947. Lógicamente, dicha ley está desactualizada y es insuficiente para organizar una actividad económica que genera miles de millones de pesos en impuestos y cientos de miles de empleos a los mexicanos. Y decimos “vino a tratar”, porque en realidad lo que se necesitaba –y se sigue necesitando– es una nueva ley de juegos. No sólo intentar rehacer, mucho menos reciclar, un mismo reglamento una y otra vez.

Por años se ha denunciado la necesidad de reformar la actual Ley Federal de Juegos y Sorteos o de crear una nueva. Han sido decenas de proyectos los que han pasado, sin pena ni gloria, por ambas cámaras del Congreso sin llegar siquiera a discutirse. Al interior del sector, ha sido un argumento recurrente a lo largo de los años lo apremiante de impulsar un cambio legal que impida la existencia de vacíos regulatorios que sólo generan incertidumbre jurídica.

Durante mucho tiempo, los resilientes empresarios y diversos emprendedores del sector mexicano han logrado superar innumerables retos —y, por qué no decirlo, también han sufrido uno que otro abuso de poder— ante la falta de una legislación clara, moderna y eficaz. Lo que estamos viviendo actualmente no es la excepción y aunque, sin duda alguna, estamos convencidos de que la industria del juego mexicana podría salir más fortalecida de este proceso, tal y como ha sucedido con otras vicisitudes del pasado, es momento de reflexionar y preguntarnos ¿vale la pena continuar con una actitud correctiva? Mas aún, ¿es sensato continuar esperando el impacto, para intentar resolverlo, después de recibirlo?

Una nueva ley que regule bien la realidad de lo que es el juego hoy en día no sólo significaría que tendría que haber un nuevo reglamento de juegos –en sintonía con esa ley– sino que representaría una muy esperada (y merecida) estabilidad jurídica dentro del sector. Contar con reglas claras a nivel legal supondría ya no estar sujetos a la interpretación o criterio a discreción del funcionario o político en turno.

En suma, una nueva ley de juegos sería la representación perfecta de la república que constitucionalmente es México, al permitir una participación equilibrada de los Poderes de la Unión, porque, citando nuevamente a Luisa María Alcalde Luján: “Ya corresponderá al Congreso de la Unión si determinan algo distinto. Por lo pronto, no es la Secretaría de Gobernación la que debe de manera discrecional decidir sobre estos asuntos”.