La Contraloría General de la República de Colombia realizó una Auditoría de Cumplimiento a la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, denominada Coljuegos, en la que halló tres irregularidades fiscales por un valor de COP 34.456 millones, equivalentes a USD 8,7 millones.
La auditoría, que se realizó para evaluar la gestión fiscal sobre los recursos públicos administrados por Coljuegos, abarcó los años 2020, 2021 y 2022, y fiscalizó la ejecución de ingresos y gastos por un total de COP 439.805 millones (USD 111,4 millones).
Como resultado, informaron, “se establecieron nueve hallazgos administrativos, de los cuales, tres tienen alcance fiscal en cuantía de COP 34.456 millones (USD 8,7 millones); seis tienen presunto alcance disciplinario (con traslado a la Procuraduría General de la Nación); dos con otras incidencias (remitidos a la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales); y uno con presunto alcance penal (trasladado a la Fiscalía General de la Nación)”.
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General consideró que la información entregada sobre el tema resultaba inconforme a los criterios evaluados sobre la gestión fiscal, sobre los recursos públicos administrados por Coljuegos durante las vigencias 2020, 2021 y 2022. Desde el organismo de control añadieron que el concepto de la gestión fiscal fue de “Incumplimiento Material – Adversa”.

En un comunicado, indicaron que “dentro de los hechos encontrados durante el proceso auditor están “la prescripción de procesos de cobro coactivo (sanciones por juego ilegal); mayores costos por bodegaje de los elementos decomisados en la vigencia 2020 y aún se registran sin destrucción; y la alta rotación del personal que genera perdida de la memoria institucional y riesgo de filtración de la información sensible”.
Asimismo, se halló la probabilidad de máquinas electrónicas tragamonedas (MET) sin el debido registro y legalizadas en establecimientos de los operadores concesionados, con presunta pérdida de recursos por omisión de información; el recibir beneficios a nombre propio o de un tercero; el deterioro de bienes en custodia; y la repetición de situaciones sin subsanar (hallazgos de la auditoría anterior).
De dichas situaciones, la Contraloría destacó los siguientes hallazgos: