Presentan una nueva moción para evitar la modificación de la Ley de Juego que permitirá la apertura de salas de juego junto a escuelas

El partido político Compromís anunció que presentará una moción ante el pleno del Ayuntamiento de Valencia, con el objetivo de frenar los efectos de una propuesta de modificación a la Ley de Juego de la Comunidad Valenciana que, de aprobarse, permitiría la apertura e instalación de nuevos salones de juego en dicha jurisdicción.

La portavoz de Compromís a nivel municipal, la concejala Carmen Luisa Robles, indicó que la moción también plantea que Valencia se adhiera a las ciudades en las que la Policía local tiene competencias para vigilar que no entran menores en las casas de apuestas.

Cabe señalar que, en noviembre, los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox presentaron dos enmiendas conjuntas en las Cortes Valencianas, a fin de eliminar y reducir algunas restricciones, moratorias y prohibiciones para la renovación de salones y máquinas tragamonedas contempladas en la Ley de Regulación del Juego en la Comunidad Valenciana.

De aprobarse estas reformas, como se prevé por la mayoría parlamentaria de ambos partidos, la Generalitat podrá autorizar la instalación de nuevos salones de juego incluso en “espacios vulnerables” y renovar licencias a locales pese a que se encuentren a menos de 850 metros de centros educativos, contrariamente a lo que dicta la ley vigente.

En este contexto, Robles afirmó que el caso de Valencia es “especialmente alarmante, porque de las más de 50 casas de apuestas que hay, una mayoría se encuentra cerca de algún instituto”. “Vamos a rebelarnos contra la decisión del PP y Vox. [...] Estamos hablando de dramas que destrozan vidas y familias”, alertó.

En su moción, Compromís instó a los grupos parlamentarios de Les Corts a rechazar cualquier modificación de la Ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la comunidad autónoma que impliquen un recorte en la protección contra la ludopatía de los menores.

Además, planteó un acuerdo para solicitar al Consejo de la Generalitat pedir a la Comisión del Juego de la Comunidad Valenciana un informe de las potenciales consecuencias de la aprobación de los cambios propuestos en esta Ley y a aprobar la Estrategia Valenciana Integral de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico.

Pedido de académicos

En tanto, científicos y profesionales del sector sociosanitario de la Comunidad Valenciana han recogido firmas contra la eventual modificación de la Ley de Juego. Entre las rúbricas, destacan las de 93 académicos de diversas universidades, principalmente de las cinco públicas, así como académicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

También se adhirieron asociaciones de madres y padres, así como sindicatos y militantes de partidos de otros partidos contrarios a la medida. La iniciativa, que se inició en la provincia de Alicante, lamentó que el PP y Vox, “en base a supuestos económicos, pretendan modificar la ley para que dichos establecimientos de apuestas próximos a colegios e institutos puedan renovar su licencia y continuar con su actividad”.

En línea con ello, dijeron no compartir una medida así porque entienden “que antepone el beneficio económico de unos pocos a los derechos de la mayoría de la población y, en particular, a la salud mental de nuestros menores de edad y sus familias”.

Por su parte, el PSPV-PSOE (Partido Socialista del País Valenciano) también anunció recientemente que presentará mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para rechazar las modificaciones de la Ley del Juego propuestas por el PP y Vox. En su documento, criticaron la eliminación de la distancia mínima de 850 metros entre salones de juegos y centros educativos y la de 500 metros entre las propias salas, y pidieron al Consell que “aumente la inversión en políticas sanitarias de lucha contra la ludopatía”.