España: El Tribunal Constitucional descarta pronunciarse sobre el artículo que rige la publicidad en la Ley del Juego

El Tribunal Constitucional de España acordó por unanimidad no resolver la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Supremo sobre el artículo 7.2 la Ley 13/2011 - Ley de Regulación del Juego—, el cual está referido a la actividad publicitaria de dicho sector.

En su momento, la Sala Tercera del Tribunal Supremo planteó la inconstitucionalidad de dicho artículo al considerar que su aplicación podría “ser contraria al principio de reserva de ley” y, por ello, solicitó que la corte de garantías evalúe su constitucionalidad.

Sin embargo, según informaron medios españoles, el pleno del Tribunal Constitucional declaró la “extinción por desaparición sobrevenida del objeto” de la cuestión de planteada, ya que 2022 se promulgó una ley por la que se modificó dicho texto.

En su sentencia, la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, explicó que el artículo único de esta nueva ley introdujo en el texto originario un artículo 7 bis, relativo a los principios generales para la publicidad, promoción y patrocinio de las actividades de juego, en el que se contienen algunas pautas o criterios a los que debe atender el reglamento a la hora de desarrollar lo regulado en la ley.

En ese contexto, el pleno del tribunal consideró que la queja “tal y como fue planteada en su día por el Tribunal Supremo” se ha extinguido por cuanto el nuevo artículo “sí establece pautas o criterios que debe tener en cuenta el reglamento a la hora de regular la materia”.

Ello, añaden, “con independencia de si lo prescrito en la nueva disposición legal aporta o no cobertura legal bastante al impugnado Real Decreto 958/2020, cuestión esta en la que, por tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria, no puede entrar a dilucidar el tribunal en este proceso”.

Cabe señalar que el Tribunal Supremo consultó al Constitucional tras recibir un recurso de la Asociación Española de Juego Digital (Jdigital) contra el Real Decreto 958/2020, referido a las comunicaciones comerciales de las actividades de juego.

En su momento, especialistas del estudio español Loyra Abogados advirtieron que, hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva el pedido de inconstitucionalidad planteado por el Supremo, existe una “absoluta inseguridad jurídica” para los actores involucrados.