La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputado de Chile decidió, de manera unánime, despachar el proyecto de ley que busca regular el sector del juego y las apuestas deportivas online tras haber discutido y aprobado la carga tributaria planteada.
De acuerdo al trámite parlamentario chileno, el proyecto de ley pasará ahora a la sala o pleno de la Cámara Baja, donde será analizado, debatido y, eventualmente, aprobado. Concluido ese trámite, seguirá su discusión en la Cámara de Senadores.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, defendió el articulado en torno a la tributación y, durante la discusión del texto en la Comisión de Hacienda, confirmó que la iniciativa mantendrá la categoría de suma urgencia del Ejecutivo, ya que “las plataformas son ilegales, no pagan impuestos, no garantizan derechos a consumidores y consumidoras y no cumplen con la Ley de Protección de Datos”.
En su momento, la Comisión de Economía y Fomento de la Cámara Baja había aprobado fijar un impuesto específico del 20% para los operadores de iGaming, el cual no será sustituto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que también se aplicará. Según argumentaron, se buscó fijar una exigencia fiscal similar a la de los casinos físicos.
Al respecto, el abogado Carlos Baeza, representante en Chile de las casas de apuestas online Betano, Betsson, Coolbet, Betwarrior y Latamwin, manifestó que las plataformas de iGaming mantienen su preocupación por la aprobación de una carga impositiva que, tal como está determinada, equivaldría al 38%.
El abogado Carlos Baeza
“Chile sería uno de los países con la estructura tributaria más alta del mundo, lo que genera una menor canalización, concepto que describe el traspaso de los usuarios desde un mercado no regulado a uno regulado, un desincentivo para generar operaciones en el país y, por ende, una menor recaudación fiscal", opinó el especialista.
Sobre el también aprobado periodo de cooling off, que consiste en que los actuales operadores no puedan participar del mercado regulado de manera inmediata, Baeza advirtió que “este diseño regulatorio propuesto por los casinos físicos y Polla de Beneficencia afecta directamente a los usuarios”.
“Al atentar contra la libre competencia e impedir el acceso a actores que hoy entregan un servicio de clase mundial y que cumplirían con todos los requisitos para operar en el periodo transitorio, se les reduce una oferta donde se resguarda la seguridad de los usuarios y cuyos procesos están certificados por estándares internacionales”, estimó.
“Es imprescindible que la futura normativa ponga en primer lugar el interés de los usuarios, siguiendo el ejemplo de lo que ocurre en más de 70% de los países OCDE, que han optado por potenciar la creación de un mercado competitivo, al igual que se ha hecho en otros países, como Canadá, EE.UU. y Colombia”, concluyó el abogado.