El diputado mexicano Rubén Ignacio Moreira Valdez ingresó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un proyecto de resolución en el que solicita a la Secretaría de Gobernación (Segob) publicar un registro abierto y transparente con los permisos que han sido otorgados a casinos y sitios de apuestas deportivas online en el país.
Según la propuesta del legislador del PRI (Partido Revolucionario Institucional), la intención es identificar cada plataforma de apuestas y fortalecer los mecanismos de seguridad para prevenir el lavado de dinero, teniendo en cuenta que el registro actual de la Segob es “difuso y disperso” y que se mantiene vigente la Ley Federal de Juegos y Sorteos expedida en 1947 que no contempla la modalidad de apuestas en línea.
Los permisos en cuestión abarcan lo que la ley mexicana denomina Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos (CARSS), descritos en el texto como “comúnmente conocidos como casinos”.
Los cuatro puntos operativos del documento le solicitan a la Segob:
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez
De acuerdo a una auditoría realizada en 2023 por la Oficina Federal de Auditoría Superior, citada por el proyecto, la Segob emitió 5.336 permisos de apuestas y lotería entre 2019 y 2023. De ellos, 51 correspondían a CARSS y estaban en manos de 36 titulares de permisos, quienes a su vez reportaron ingresos de 422 establecimientos.
A su vez, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también reportó 351.236 avisos de vulnerabilidad vinculada con apuestas, sorteos y concursos de enero a septiembre de 2025, un 14,6% más que el año anterior, con movimientos totales de al menos MXN 25,6 millones hasta noviembre de 2025.
La iniciativa de Moreira también menciona que, en noviembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó a 27 personas y empresas e identificó diez casas de apuestas en México, donde presuntamente se lavaron al menos USD 2 millones entre 2017 y 2024.
“Si bien los CARSS representan ingresos para el Estado, también constituyen un sector de alto riesgo para la comisión de operaciones con fondos de origen ilícito”, afirmó el diputado. Además, según él, el uso intensivo de efectivo mediante chips convierte a estos establecimientos en “un vehículo ideal para introducir dinero del crimen organizado en el sistema financiero formal”.
Para el legislador del PRI, la opacidad en torno al universo de permisos equivale a “una vulnerabilidad estructural que podría afectar negativamente la calificación del Estado mexicano y su reputación financiera internacional” de cara a la próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).