Euromat instó a la Comisión Europea a investigar las modificaciones de la ley valenciana del juego

La Federación Europea del Juego y Entretenimiento (EUROMAT) lanzó un comunicado para instar a la Comisión Europea a abordar las cuestiones referidas a transparencia y procedimiento en la adopción de la ley de juego por parte del Gobierno valenciano.

A la federación, que representa los intereses de la industria de las máquinas recreativas y de azar, le preocupa que la obligación de los Estados miembros, impuesta por la Directiva (UE) 2015/1535, de notificar a la Comisión Europea los proyectos de reglamentos técnicos antes de su adopción no haya sido tenido en cuenta por el Gobierno valenciano. 

Varias enmiendas a la ley, que dieron lugar a modificaciones significativas, se introdujeron entre una notificación TRIS inicial en marzo de 2018 y la adopción de un texto final en junio de 2020 que debería haber desencadenado una nueva notificación. La Comisión Europea está investigando actualmente el asunto.

Jason Frost

El presidente de EUROMAT, Jason Frost, comentó el caso: "Es importante que la legislación de la UE sea plenamente respetada por todos los Estados miembros y que los cambios legales se examinen a fondo utilizando el procedimiento de notificación correcto”.

En ese sentido, enfatizó: “Instamos a la Comisión Europea a que estudie detenidamente este caso concreto, ya que es evidente que se han introducido modificaciones sustanciales en la ley del juego que no han sido notificadas. A menos que la legislación de la UE se aplique correctamente, las empresas carecen de seguridad jurídica".

Semanas atrás, una sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acordó que consultará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si las restricciones de distancias impuestas a los salones de juego, y establecidas en la ley que rige el sector en dicha comunidad autónoma española, son compatibles con la normativa continental.

A tres años de que el Gobierno de la Generalitat Valenciana aprobara la Ley 1/2020 del juego, se observan claras consecuencias de la reglamentación más restrictiva de todas las comunidades autónomas españolas para regular esta actividad. Algunas de esas consecuencias son el aumento del juego ilegal en un 17% y la pérdida de al menos 2.500 empleos.