Carlos Gajardo: Los fallos contra las casas de apuestas demuestran “que están acorraladas y no pueden seguir esquivando a la justicia”

El abogado Carlos Gajardo Pinto, asesor legal de Dreams, saludó el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró inadmisible un recurso de protección presentado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) contra un dictamen del Ministerio de Justicia de Chile que le ordena poner fin a su contrato de patrocinio con el operador online Betsson.

En diálogo con Yogonet, el abogado manifestó que dicha decisión judicial “demuestra que el Estado de Chile ha empezado a tomar acciones para hacer cumplir la ley, pasando del discurso a la acción”.

“Es una prueba más de lo que instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Casinos de Juego y el Ministerio de Justicia han dicho durante este tiempo: los sitios de apuestas digitales realizan actividades ilícitas y fuera de la ley”, afirmó.

En esa línea, Gajardo recordó que, a fines de agosto, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el pedido de sobreseimiento planteado por una casa de apuestas online para poner fin a una investigación en su contra.

“Eso marcó un precedente, lo que sumado al ‘supremazo’ —en alusión al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales 23 sitios de apuesta y ordenó su bloqueo— y, ahora, al mensaje de la Corte de Apelaciones demuestra que están acorraladas y no pueden seguir esquivando a la justicia”, remarcó el abogado.

El fallo contra la ANFP

En un fallo emitido el 27 de septiembre, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección que interpuso la ANFP, institución que ya anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema.

Cabe señalar que, a inicios de septiembre, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, hizo público un dictamen que otorgaba 30 días hábiles a la ANFP para dar por concluido su contrato de patrocinio con Betsson. El plazo, según el funcionario, vence a mediados de octubre.

Desde la ANFP señalaron que su recurso reclamaba “exclusivamente que el Oficio vulneró su derecho constitucional a ser juzgada por los tribunales que señala la ley, ya que el subsecretario, en lugar de presentar su respectiva demanda ante un juez, instruyó administrativamente que se ponga fin a contratos vigentes”.

“Para esto, ni el Ministerio de Justicia ni la Subsecretaría tienen atribuciones legales, como no las tiene ningún órgano administrativo ni Superintendencia en Chile”, cuestionaron.