Mientras espera el fin del receso parlamentario para una definición respecto a la promulgación de la regulación de las apuestas deportivas en Brasil, el gobierno federal ya empieza a pensar en el aporte que la actividad generará en sus arcas.
Está previsto que el presidente Lula da Silva firme una Medida Provisional, que entrará en vigor inmediatamente después de su publicación, y un Proyecto de Ley, que será examinado por la Cámara de Diputados en agosto, una vez reanudadas las sesiones.
Se espera que impacto positivo de la actividad en las cuentas públicas sea significativo para las finanzas del gobierno federal. Según el diario O Globo, la actividad crece un 11,5% cada año y podría alcanzar los USD 127.300 millones en 2027.
Si bien existen discrepancias entre los diversos estudios económicos acerca de la recaudación final que podría resultar, la cifra de BRL 2.000 millones (unos USD 420 millones) prevista para 2024 se basa en proyecciones conservadoras, teniendo en cuenta el crecimiento gradual del mercado. Según estipuló el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, la cifra sería aún mayor, con la posibilidad de recaudar hasta BRL 12.000 millones (unos USD 2.500 millones) anuales.
La cartera dirigida por Haddad prevé diversas normas en la Medida Provisional, respecto a la fiscalidad de empresas y apostantes. Las empresas tendrán sus ingresos brutos gravados al 16%, mientras que los apostadores serán gravados con el 30% sobre las ganancias, sólo cuando éstas superen los BR 2.112 (USD 440). No se gravará a los jugadores por el mero hecho de hacer apuestas.
Los ingresos generados por las tasas e impuestos se destinarán a áreas como la seguridad pública, la educación básica, los clubes deportivos y las acciones sociales, según lo previsto inicialmente. Según Hacienda, del total recaudado 2,55% se destinará al Fondo Nacional de Seguridad Pública; el 0,82% para la educación básica; 1,63% para clubes deportivos; 10% a la Seguridad Social y un 1% al Ministerio de Deportes.
Por otra parte, el Proyecto de Ley que abordará el Congreso, se focalizará especialmente en las sanciones a las empresas y las posibles penalizaciones. Está previsto que se publiquen seis ordenanzas a partir de él, que abordarán los temas de acreditación, medios de pago, la promoción de juego responsable, la prevención de adicciones al juego y un ajustado sistema de control.
Respecto a la acreditación, se informará sobre la subvención a pagar, dando a las empresas 180 días para acreditarse; las que no se ajusten a las nuevas normas no podrán operar. Se establecerá que los usuarios sólo podrán pagar a las empresas a través de plataformas autorizadas por el Banco Central (BC). Además, se buscará establecer medios para regular la publicidad y los anuncios sobre juego. Para combatir la ludopatía, el proyecto contempla la ampliación del apoyo psicológico y psiquiátrico a las personas con adicción al juego
Asimismo, el proyecto también tratará la posibilidad de reanudar Lotex, el antiguo "rasca y gana", para recaudar más de BRL 3 millones (USD 627.252).