El Gobierno de La Rioja renovó su convenio con ARJA para promover un juego responsable y combatir la ludopatía

El Gobierno de la Comunidad de La Rioja renovó un convenio con la Asociación Riojana de Jugadores en Rehabilitación (ARJA), que tiene como objetivo promover la labor sanitaria y social que la entidad desarrolla en el campo de la rehabilitación de personas con trastornos psicológicos asociados con el juego.

El convenio fue firmado por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Celso González, la Ministra de Sanidad, María Somalo, y el presidente de ARJA, Antonio Gutiérrez. Se trata de una renovación del documento acordado en noviembre de 2022. Con vigencia de un año, implica el desembolso de EUR 15.000 (USD 16.300) por el Gobierno, informó el sitio ESEuro.

A través del acuerdo, ARJA se compromete a prestar asistencia especializada a todas las personas residentes en La Rioja que presenten trastornos psíquicos asociados al juego problemático y patológico, previa solicitud por su parte.

A su vez, la entidad tiene previsto desarrollar las actividades propias de su objeto social. Estos incluyen terapias individuales; terapias de pareja; terapias de grupo; días de convivencia; charlas de prevención; asistencia a seminarios, conferencias y congresos; actividades de formación; e información a los grupos.

Regulación del juego en La Rioja

El Gobierno de La Rioja aprobó en marzo de 2022 el “Ley Reguladora del Juego y las Apuestas de La Rioja y la Prevención del Juego Problemático y Patológico”. La norma pretendía avanzar en la regulación, la limitación de la publicidad e incitación al juego y, en especial, de sus modalidades online. Además, se centró en promover el empleo estable y de calidad en el sector, y prevenir las posibles repercusiones del abuso del juego en los usuarios y sus familias.

El texto garantiza la seguridad jurídica para empresas y usuarios, al mejorar la transparencia en el desarrollo de los juegos de azar y apuestas, y evitar que se produzcan fraudes en su desarrollo. Asimismo, establece la intervención, vigilancia y control por parte de la Administración, en aras de la protección de los menores y demás personas que lo necesiten por motivos de salud.