Omar Galdurralde: "Debido al juego ilegal, Buenos Aires recauda menos de USD 500 mil anuales por apuestas online"

El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires (IPLyC), Omar Galdurralde, advirtió que el 80% de los sitios de juego online en Argentina son ilegales y señaló que esto causa que la recaudación sea mucho menor de la que debería y que los usuarios pierdan dinero.

“La provincia recauda apenas 100 millones de pesos anuales por apuestas online. Un monto insignificante”, expresó en diálogo con TN el funcionario refiriéndose a la cifra que representaría aproximadamente USD 482.000 al cambio actual.

Además del problema para la recaudación impositiva, destacó que los sitios que no están autorizados por las provincias ni por sus entes de Lotería son peligrosos para los usuarios. “Los apostadores sufren muchos perjuicios. No se trata solo de que el Estado deja de recaudar. El principal riesgo lo sufren quienes apuestan en sitios ilegales, porque a veces no cobran los premios”, explicó Galdurralde, quien también es titular de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA).

“El juego online se generalizó en casi todo el mundo. Algunos países lo regulan y otros no. Y como es natural crece exponencialmente. Pero en la Argentina el 80% de los sitios son truchos. Por eso, la recaudación impositiva por las apuestas no acompaña esa curva, lo que prueba que la mayoría es juego ilegal”, explicó Galdurralde.

En Argentina, la regulación les compete a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tanto la Provincia de Buenos Aires, CABA y otras jurisdicciones la regularon, y lo producido de las utilidades se vuelca en acción social. Hoy, la Provincia de Buenos Aires tiene autorizadas siete licencias, de las cuales cuatro están operativas.

Como medida para tratar de erradicar el juego ilegal, se logró acordar que el administrador de los dominios NIC en la Argentina sólo autorice los dominios ‘bet.ar’ a aquellas licencias que estén debidamente autorizadas por las respectivas jurisdicciones, y que solo estas puedan utilizar, únicamente, los distintos medios de pago y así evitar también la evasión fiscal.