La asociación española SOS Hostelería, en la que participan autónomos y empresarios del mundo de la hostelería de la Comunidad Valenciana, ha solicitado a la Generalitat Valenciana que revise la Ley del Juego vigente con el objetivo de evitar problemas de "inseguridad jurídica". Este pedido se da por considerar que no se respetó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la normativa urbanística de Cádiz, por la que se restringía la presencia de salones de juego a menos de 500 metros de centros deportivos, socioculturales o educativos.
La normativa restrictiva de la presencia de salones impulsada por la Generalitat Valenciana ha provocado hasta ahora el cierre de diversos salones, a los que vencía su licencia, y la pérdida de cerca de 100 empleos directos e indirectos, la mayoría de ellos de personas mayores de 50 años de difícil reubicación en el mercado laboral, informaron a través de un comunicado desde la asociación.
El presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, se pronunció al respecto y explicó: “La Generalitat Valenciana, tras esta sentencia, debería revisar de oficio la ley y suprimir las distancias entre salones y centros públicos dado que, tras el pronunciamiento judicial, hay una situación de inseguridad jurídica que puede llevar a que se abra un frente legal entre empresas titulares de salones afectadas y la administración valenciana”.
En palabras de nuestro presidente, Fidel Molina: “esta sentencia da la oportunidad a la Generalitat Valenciana de resolver una injusticia, evitar la pérdida de más empleos y recuperar la vía del diálogo” pic.twitter.com/R7sLr7ikvL
— soshosteleria (@soshosteleria) March 9, 2023
Para la organización hostelera, la imposición de distancias no resuelve problema alguno, dado que dicha prohibición no afecta a los juegos más populares y adictivos como son los rascas de la ONCE, que sí se pueden vender sin ningún control en la puerta de un colegio, o las loterías públicas.
Además, señalaron que en los salones se realizan los debidos procesos de control. “Las empresas de salones han impulsado y velado por el cumplimiento de las normativas de juego responsables y sus trabajadores son los que aplican las estrictas normativas de control de acceso a los salones”, destacó Molina en el comunicado lanzado por el ente.
Por último, finalizó haciendo hincapié en la necesidad de llegar a acuerdos. “Esta sentencia da la oportunidad a la Generalitat Valenciana de resolver una injusticia, evitar la pérdida de más empleos y recuperar la vía del diálogo y colaboración con un sector que siempre se ha mostrado dispuesto a implantar todo tipo de campañas y controles y al que la Generalitat ha perjudicado únicamente por motivos ideológicos”, sentenció.