Modificación a la Ley del Juego

España: Avanza en el Senado el proyecto que busca reforzar la lucha contra el fraude en las apuestas deportivas

La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado de España.
24-10-2022
Tiempo de lectura 2:25 min

La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado español aprobó y dictaminó el proyecto de ley que busca modificar la Ley de Regulación del Juego para fortalecer el control ante posibles fraudes en apuestas deportivas, además de ampliar la protección a los usuarios ante el juego problemático y reforzar la cooperación entre distintas comunidades autónomas.

Según informaron desde el Senado, la iniciativa legislativa del gobierno, que ya recibió media sanción del Congreso de Diputados, fue debatida el jueves y aprobada con 17 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones.

Asimismo, señalaron que el grupo de trabajo parlamentario presentó 22 enmiendas al proyecto, que buscan corregir aspectos que afectarían el funcionamiento de la norma y las cuales serán tratadas por el pleno del Senado.

Durante el debate en la comisión, el senador socialista Alfonso Escudero manifestó que la norma a tratar es “importante y compleja”, en relación a las personas “que sufren” frente al juego problemático. Además, defendió que la ley busque “compatibilizar” la práctica del juego con “las buenas prácticas y con el legítimo beneficio empresarial y la coexistencia normal entre los diferentes agentes”.

Por parte, la senadora del Partido Popular Patricia Rodríguez Calleja cuestionó que el Gobierno mezcle “un fin necesario” como la modificación de la Ley del Juego para “impulsar un juego más seguro, más responsable y basado en la protección de las personas que hacen uso de estos servicios y de los menores”, con la “modificación” del régimen sancionador de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios que, a su juicio, es un “despropósito legislativo”.

Sobre el proyecto de ley

La iniciativa legislativa busca formalizar legalmente el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), buscando dar una respuesta técnica, coordinada e integral frente a prácticas fraudulentas, que pueden derivar en procedimientos administrativos o penales.

En esa línea, el texto establece que, para impedir que se obstaculicen las investigaciones de este servicio, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) “restringirá los derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición y portabilidad respecto al tratamiento de datos en el Servicio”.

También se detalla que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán la condición de “cesionarias” de los datos personales que les sean facilitados por la DGOJ a través de este servicio. Estas instituciones podrán revisar la información sobre las personas sospechosas de incurrir en “algún tipo de comportamiento o práctica fraudulenta”.

En tanto, el proyecto de ley aclara que los datos personales que trate el servicio no serán conservados durante un periodo superior a un año desde su obtención.

Además, la iniciativa tiene entre sus objetivos la tutela y protección de los menores y de los participantes en los juegos, así como de la prevención de las conductas adictivas. En línea con ello, se establece como nueva función de la DGOJ el “contrastar la eficacia de las medidas sobre juego responsable o seguro exigibles a los operadores, a consecuencia de los distintos desarrollos regulatorios que se dirigen a fortalecer la protección de los grupos en riesgo”.

En este sentido, se añade un apartado al artículo 21 de la Ley de 2011, que incorpora a las funciones de la Comisión Nacional del Juego la de “proteger” a los grupos de jugadores “en riesgo”, evaluando la eficacia de las medidas sobre juego responsable o más seguro dirigidas a estos colectivos que deban desarrollar los operadores de juego.

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