República Dominicana: “Todas las bancas de apuestas deben pagar impuestos”

La Dirección de Casinos y Juegos de Azar reiteró a la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) que “todas las bancas de apuestas deben pagar impuestos”, incluso en este momento que están bajo un proceso de regularización.

La indicación llega en respuesta al acto Nro.160/2022 de Fenabanca, en el que la entidad solicitaba al organismo abstenerse de las cargas impositivas a los dueños de bancas que se acogieron al proceso de regularización.

Cabe destacar que la Dirección de Casinos dijo que la Ley 139-11, del 24 de junio de 2011, establece en su artículo 2 un impuesto único de $ 35.000 anuales (USD 648) a las bancas de lotería. “En este sentido, todos los contribuyentes que se acogieron al plan de regularización tienen la obligación del pago tributario, en vista de que, en sus declaraciones juradas, declaran la operatividad de sus bancas”, argumentó. Recordó que la intención del Consejo de Seguimiento fue el de identificar a las bancas que cumplen y a las que no, con los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos.

“El envío a la Dirección General de Impuestos Internos del listado preliminar de las bancas que se acogieron al plan de regularización para fines de pago, establece claramente que esto no representan aceptación ni registro definitivo de dichas bancas. Puesto que, los organismos del Estado con la colaboración del propio Consejo de Seguimiento, donde están representados todos los sectores ligados al juego de apuestas, colaborarán para la depuración y confección de la base de datos definitiva”, explicaron desde la Dirección de Casinos y Juegos de Azar

Por otro lado, la entidad informó que ha estado remitiendo al Procurador General de Corte del Distrito Nacional, designado para tales fines, todos los expedientes de oposición notificados ante esta institución. Por tanto, consideró necesario que todas las bancas que están operando cumplan con su obligación de pago de tributos, “hasta tanto los organismos competentes, especialmente el Ministerio Público y el Poder Judicial, determinen la situación de legalidad de cada una”.