“La negativa injustificada a regular algo ya previsto por ley, relega a Brasil a una condición de desventaja”

En una columna publicada esta semana en Brasil, los abogados Caio de Souza Loureiro, Claudio Coelho de Souza Timm y Jun Makuta, integrantes de TozziniFreire Advogados, explican la compleja situación que atraviesa la reglamentación de las apuestas deportivas en Brasil, y destacan que “renunciar a la regulación sitúa al país fuera de un mercado global, donde el movimiento va, precisamente, en la dirección opuesta”.

Cabe destacar que hace casi cuatro años, Brasil estableció las apuestas deportivas de cuota fija (apuestas deportivas) como un servicio público. “En su momento se celebró la atención del Poder Legislativo, al contemplar una actividad que ya había demostrado ser relevante a nivel mundial, con un gran volumen de operaciones, ingresos y, en consecuencia, recaudación por parte de los gobiernos”, aseguran.

“La caracterización de las apuestas deportivas como servicio público causó cierta perplejidad, es cierto, pero al hacerlo, la Ley 13.756/18 reafirmó la relevancia de esta actividad”, explicaron los abogados, que agregaron: “Por lo tanto, se esperaba que el plazo de dos años para la regulación de la autorización que debe conceder el Ministerio de Economía fuese prioritario. Al fin y al cabo, no sólo es un servicio público, por lo tanto de especial interés, sino que se esperaba abiertamente el beneficio derivado de la recaudación de impuestos”.

“Sin embargo, inexplicablemente, no sólo ha pasado el plazo original sino que la prórroga prevista por la ley está a punto de terminar. No se sabe por qué han pasado casi cuatro años sin que se haga finalmente el reglamento. Y no fue por falta de iniciativas. Durante este período, se consideró la estructuración de las concesiones, con la inclusión del servicio en la lista de proyectos prioritarios del PPI, encargando al BNDES la estructuración de los contratos”, destacan desde el Estudio TozziniFreire Advogados.

“Ahora, la última información que tenemos es que el gobierno prefiere el modelo de autorización, tal y como se contempla en la ley. La inercia gubernamental, hasta ahora, ha provocado una doble pérdida para el país, en tiempos de escasos recursos y crisis económica”, aseguraron en su análisis.

“La reglamentación trae consigo recaudación de impuestos y permite a la Unión, recibir los valores de las concesiones de las empresas autorizadas. En el primer caso, se estima una recaudación de más de R$ 6.000 millones al año. En el segundo caso, dependiendo del modelo de autorización adoptado, la concesión de la autorización puede alcanzar importes significativos”.

“Esta pérdida ha sido constantemente señalada, así como los riesgos para el mercado y la sociedad por la falta de regulación, pero aun así, no ha sido suficiente para que el Gobierno tome alguna medida. A medida que se acerca el plazo legal para la regulación, surgen problemas de otro orden. La caducidad del periodo reglamentario sin regulación, crea un entorno de inseguridad jurídica para las empresas del sector y para los usuarios, además, por supuesto, de perpetuar la pérdida de ingresos. En un primer momento, existe una falta de definición sobre la posibilidad de que las empresas ofrezcan servicios, incluso, sin una regulación formal. Al fin y al cabo, no estamos hablando de servicios ilegales, puesto que la ley ya autoriza las apuestas deportivas de cuota fija. Sin embargo, es inequívoco que las empresas dispuestas a prestar estos servicios pueden ser cuestionadas por la falta de reglas formales para las apuestas”, explican.

“En este contexto, no se puede descartar el riesgo de medidas represivas y sanciones, en procedimientos administrativos y judiciales. Por otro lado, es posible considerar una postura más proactiva por parte de las empresas, que puede remediar la falta de autorización en los tribunales. Especialmente a través de requerimientos o incluso mandatos, si las solicitudes administrativas de autorización son denegadas por el Ministerio de Economía”, agregaron desde el Estudio TozziniFreire Advogados.

“En cualquier situación, los costes de transacción serán elevados, ya sea por la inseguridad jurídica o por los esfuerzos realizados administrativa y judicialmente. En lugar de disfrutar de los beneficios que aporta la regulación, el Gobierno Federal acabaría soportando las pérdidas de su propia inercia. Por lo tanto, está claro que, desde cualquier ángulo, renunciar a la regulación sitúa al país fuera de un mercado global, donde el movimiento va, precisamente, en la dirección opuesta. No sólo en Europa y Estados Unidos (donde la discusión sobre la regulación es cada vez más viva), sino también en América Latina, en países como México y Colombia, además de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, ya existen reglas formales y claras para las apuestas deportivas. La negativa injustificada a regular algo ya previsto por la ley relega a Brasil a una condición de desventaja, impidiendo el uso de los fondos recaudados y, peor aún, alimentando un mercado informal, con todos los perjuicios que ello conlleva”.

“Todavía hay tiempo para evitar este escenario (más) desastroso. Se sabe que la norma ya ha sido suficientemente discutida en el ámbito del Ministerio de Economía, lo que permite su entrada en vigor incluso en los pocos meses que quedan hasta el final del plazo legal. La edición del decreto es el último acto que queda y nada impide que finalmente se ponga en práctica”, finalizaron de Souza Loureiro, Coelho de Souza Timm y Makuta en su análisis.