Opinión del titular de APEJA

Constante Traverso: “Perú, en la búsqueda de una política pública sobre los juegos de azar"

Constante Traverso, titular de APEJA.
22-06-2022
Perú
Tiempo de lectura 3:03 min

En una reciente columna de análisis enviada en exclusiva a Yogonet, Constante Traverso, presidente de la Asociación Peruana de Juegos de Azar (APEJA), reflexiona sobre la inminente aprobación de una regulación para el sector de apuestas. A continuación, sus palabras:

Una de las principales políticas, en el marco del Acuerdo Nacional, sostiene que el Estado Peruano se compromete a: “… incrementar la competitividad del país, con el objeto de alcanzar un crecimiento económico sostenido, que genere empleos de calidad e integre exitosamente al Perú en la economía global”.

A propósito del reciente acuerdo de la Junta de Portavoces del Congreso de la República, que dispone ampliar la agenda del pleno nacional, con el objeto de votar la formula sustitutoria de los proyectos 168 y 1.923 que pretenden regular “los juegos y las apuestas deportivas y no deportivas a distancia que utilicen internet o cualquier otro medio de comunicación”; nos preguntamos si el Perú cuenta con una Política Pública sobre los Juegos de Azar.

En los últimos cinco años, el equipo técnico y legal de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del MINCETUR, en adelante la DGJCMT; ha venido trabajando un proyecto de ley para regular las apuestas deportivas y los juegos por internet.

Como sabemos, de acuerdo al marco legal peruano, las apuestas deportivas y los juegos por internet tienen una antigua regulación general conforme al Código Civil vigente, pero carecen de una regulación especial (régimen de autorizaciones, sanciones e infracciones, obligaciones, restricciones, homologaciones, régimen tributario especial, etc...).

Por distintas razones, el proyecto de la DGJCMT no ha logrado prosperar y en los últimos meses el tema ha cobrado la atención del Poder Legislativo, quien a través de la Comisión de Economía, con fecha 3 de junio último, aprobó un Dictamen por unanimidad, el mismo que está muy cerca de convertirse en la primera legislación de este tipo en el país.

Estamos totalmente de acuerdo que es necesario aprobar una regulación especial, no existen cifras oficiales al respecto, pero es evidente el importante crecimiento de esta actividad, y su amplia presencia en los medios de comunicación son un indicador inequívoco, que nos permite concluir en la necesidad de aprobar una regulación.

Sin embargo, creemos que toda regulación debe partir por establecer los objetivos que debemos procurar.

En este sentido, se requieren reglas que garanticen los derechos de los usuarios y que permitan que la actividad se desarrolle en el marco de la honestidad, la transparencia, el trato igualitario y la protección de la población vulnerable.

De igual forma, consideramos que es necesario crear un ente regulador con capacidades técnicas suficientes, así como un marco técnico – legal que garantice la homologación y la seguridad de las plataformas de juego. Así mismo, consideramos que es razonable establecer un tributo que permita financiar las labores de control y fiscalización.

Lamentablemente, consideramos que el apresuramiento en la aprobación del dictamen antes indicado, no ha permitido el adecuado estudio de los proyectos y nos acercamos a la aprobación de una regulación anti técnica que contraviene la libertad de empresa y los principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

El Congreso de la República por definición es un ente político y por ende sus decisiones mantienen una fuerte carga política. En esta línea creemos que establecer restricciones geográficas a la operación, carece de todo sustento técnico y/o legal, estas expresan realmente un desconocimiento de la actividad que se pretende regular; y de aprobarse finalmente el texto del dictamen, en los términos actuales, esto afectara sustancialmente los puestos de trabajo existentes, perjudicando a decenas de miles de trabajadores y sus familias.

En el mismo sentido, la creación de un tributo especial diferenciado, que solo afecte al operador constituido en el país, viola el Principio de Igualdad y los Principios Constitucionales Tributarios; estamos de acuerdo en la creación de un tributo especial, sin embargo, este debe afectar a todos los operadores por igual, domiciliados o no en el país. La promoción de la inversión privada y la generación de puestos de trabajo constituyen la sólida base de la actividad, no la afectemos, menos aún sin sustento alguno.

Finalmente, un impuesto adicional sobre el consumo, que pretende afectar el valor de la apuesta multiplica exponencialmente la base imponible del tributo, haciéndolo desproporcionado y con efectos claramente confiscatorios. Los tributos deben afectar la capacidad contributiva de las personas y esta se manifiesta técnicamente en el resultado obtenido dentro de un periodo de tiempo determinado, el impuesto planteado sobre el valor de cada apuesta contraviene la carta constitucional.

Invocamos una mayor reflexión a nuestros legisladores, estamos seguros que esta actividad correctamente regulada puede otorgar múltiples beneficios al país, muchos de los cuales existen y son fácilmente cuantificables.

Deje un comentario:
Suscríbase a nuestro newsletter
Ingrese su email para recibir las últimas novedades
EVENTOS