La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) analiza la posibilidad de rescindir el contrato con la firma iCrop, que fiscaliza las tragamonedas en espacios no habilitados.
Livia Buzo, coordinadora técnica de la Conajzar, informó que la comisión se encuentra analizando la posibilidad de rescindir contrato con la empresa iCrop S.A., ante la vigencia de la Ley N° 6903/22, que regula la operación de las tragamonedas en el país, y que ratifica su prohibición en bares, despensas y en otros comercios de libre concurrencia, tal como lo disponía la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar.
La presión política y pública obligó a la reguladora a revisar su proceso de legalización de las tragamonedas en sitios no habilitados expresamente por ley, con el fin de proteger a menores de edad.

Buzo dijo que iCrop ya no paga el canon, y señaló que cada municipio es responsable de requisar y destruir las máquinas, así como aplicar las sanciones.
Cuando se le señaló que esa disposición regía desde 1997 y que Conajzar la habría violado al firmar el acuerdo con iCrop, respondió que sólo la presidenta de Conajzar, María Galván, puede responder esta pregunta.
El contrato de referencia establecía como única causa de interrupción del vínculo con iCrop, que la firma unilateralmente así lo desee, hecho que implicaba una cesión de atribuciones de fiscalización. La resolución fue cuestionada por la Contraloría General de la República, por Anticorrupción y por la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).