Puerto Rico, más cerca de abrir su mercado regulado de apuestas deportivas

BetMGM, en alianza con el Casino del Mar de La Concha Resort; Draft Kings, en sociedad con Foxwoods El San Juan Casino; WinIn, Betcris, Sportium, Betsson y Fanduel son las empresas  que manifestaron de manera pública su interés en participar del regulado mercado de apuestas deportivas de Puerto Rico. 

La Comisión de Juegos de la isla, dirigida por Orlando Rivera, presentó —el 20 de octubre— ante el Departamento de Estado el Reglamento de Apuestas Deportivas Número 9316 y el Reglamento de Concurso de Fantasía Número 9317 y serán efectivos desde el 20 de noviembre.

Desde el 8 de noviembre, las empresas interesadas en convertirse en operadores o satélites de apuestas deportivas, concursos de fantasía, proveedores de servicio y/o empleados podrán aplicar. Recién el 22 de noviembre la Comisión de Juego estará habilitada para evaluar las solicitudes.

[Aviso Público] Publicación de formularios de Solicitudes para Operadores o Satélites de Apuestas Deportivas y Concursos de Fantasía; Proveedores de Servicios y empleados. pic.twitter.com/fxVoTE1sXI

— Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (@ComJuegosPR) November 5, 2021

“Ya el próximo lunes estarán las aplicaciones en la página web, donde todos esos operadores de diferentes partes del mundo van a poder entrar, bajar la aplicación, empezar a llenarla y empezar a buscar documentos. Sin embargo, hasta el día 22 de noviembre yo no las puedo aceptar”, aclaró Rivera al diario El Vocero.

"Estimo que el primer año estamos hablando de unos US$ 18 millones y tan pronto estén las aplicaciones por celular eso se va a triplicar. Debemos estar hablando de unos US$ 6 millones mensuales en recaudo para el gobierno", proyectó Rivera. "Se estima que cada familia puertorriqueña tenga un presupuesto de casi US$ 200 mensuales para apuestas deportivas", agregó.

Para obtener la licencia de la Comisión de Juegos, las casas de apuestas deben cumplir con las leyes estatales y federales, además de pagar un cargo anual de US $50.000 y contar con personal que haya pasado la evaluación de antecedentes penales.