El convenio fue rubricado la semana pasada por la directora ejecutiva de la AJ, Jessica Paola Saravia, y el representante legal de RECUMET, Daniel Marcelo Fernández, en el marco de las leyes 060 de Juegos de Lotería y Azar y la 071 de Derechos de la Madre Tierra, normativa que garantiza que se proteja el medioambiente a la hora de la separación de componentes tóxicos.
Las tragaperras a reducir corresponden a las secuestradas por operar sin autorización del regulador local. Sólo en 2021 se han decomisado 103 en 19 intervenciones distintas.
Desde el regulador destacaron que el Estado Boliviano no sólo no gastará dinero en el desmantelamiento, sino que además ahorrará dinero con la reducción de gastos por almacenaje.
Una vez RECUMET haya terminado con el proceso, serán 18.239 las slots ilegales destruídas desde 2016 en Bolivia.
Todo el trabajo de RECUMET será supervisado por personal de la AJ, desde donde se comprometieron a entregar los juegos y controlar el proceso de desmantelamiento, destrucción, inhabilitación, inutilización y exportación de componentes tóxicos.
El compromiso de la metalúrgica es realizar el trabajo en sus depósitos y no utilizar para otros fines lo recuperado.