l gobierno de Costa Rica se encuentra detrás de aprobar un impuesto del 25% a los premios superiores ¢225 mil (US$ 362) de la Lotería Nacional de Costa Rica, como parte de las siete propuestas que recibió por parte del Fondo Monetrario Internacional (FMI) para poder afrontar el pago de un préstamos por US$ 1.778 millones.
"Cabe resaltar que la obtención de premios provenientes de loterías y otros juegos de azar implica un acrecentamiento patrimonial obtenido sin que medie un esfuerzo personal o empresarial, por lo que bajo el principio de solidaridad estos ingresos pueden someterse a imposición tributaria, tal y como se aplica en muchos otros países", explica el texto del proyecto.
La preocupación alrededor del sector es grande porque entienden que la decisión beneficiará al juego clandestino, ya que muchos testimonios de compradores indican eso. Así lo registró Diario Extra tras dialogar con usuarios habituales de esta modalidad de juego: "Yo seguiría comprando, pero es injusto porque el premio sería menor"; "Muy difícilmente seguiría comprando porque no sé a quién va dirigido ese impuesto, aparte de que el premio se va a reducir"; "Con eso voy a tener que dejar de comprar, ahí es donde lo obligan a uno a ir por lo ilegal. Es una lástima que en este país siempre busquen la forma de joder a la gente. No es justo", son algunas de las declaraciones que publicó.
El Ministerio de Hacienda aclaró que busca obtener casi un 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, estiman que las pérdidas de la Lotería Nacional llegarían a los US$ 300 mil.
En la Asamblea Legislativa también se hacen oir las voces opositoras. Allí cuestionan el golpe que significaría para los más de 2 mil vendedores y para las cientas de instituciones sociales que reciben aportes del regulador local la Junta de Protección Social (JPS), entre los que se encuentran hospitales y hogares de ancianos. Desde la institución no hicieron declaraciones al respecto.
El sindicato ANEP-JPS mostró su preocupación ante la propuesta del FMI y aseguró que impulsará la ilegalidad. El representante gremial Ronald Barrantes, recordó que en 2009 se aprobó un gravamen del 10% sobre los premios. "En ese momento fue un caos nacional porque las ventas de lotería se vinieron abajo, perjudicando a los grupos sociales que la Junta ofrecía su ayuda. La institución tuvo que tomar la decisión de asumir ese impuesto", explicó.
"El gobierno dice que es un pequeño grupo el que va a salir afectado y la pregunta es cómo el gobierno va a asumir este reto, cómo cubrir las necesidades de esas personas”, declaró Barrantes luego de pedir a los legisladores que no aprueben el texto.
