Trabajadores de los casinos de la provincia argentina de Corrientes fueron recibidos por funcionarios municipales del área de Turismo, tras cortar la Avenida Costanera de la capital provincial en reclamo de la reapertura de los casinos y bingos locales.
"Nos encontramos una justificación real de por qué nos suspenden. Queremos volver a trabajar", aseguraron a la prensa referentes de la protesta.
Según hicieron saber a los medios de comunicación presentes, son un total de 1.230 empleados quienes sufren la desidia gubernamental y el cercenamiento de sus sueldos. "Estamos viendo amenazadas nuestras fuentes laborales", explicaron.
Las restricciones sanitarias provinciales tienen cerrados los establecimiento de juegos desde el 20 de mayo, cuando la segunda ola de COVID-19 cambió el panorama de todo el país.
"Se puede trabajar con protocolos seguros", exigieron. Es que las noticias vuelan, y la decisión de volver a operar en ciertas provincias como en Mendoza, o en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, motorizó el reclamo, porque demuestra que la negativa a funcionar pasa más por un capricho que por una realidad estadística, ya que cumpliendo a rajatabla con las medidas para evitar los contagios, se puede trabajar sin que esto implique un peligro sanitario.
A pesar de que la industria del juego local es beneficiada por la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que aporta la mitad de los salarios de los empleados de ciertos sectores, en algunos establecimientos llegaron a cobrar sólo eso, o un 60% en el mejor de los casos.
La falta de facturación y la presión impositiva que registran las patronales del juego, presionan tanto a los empleados como a los dueños. Mientras la vacunación avance, también tienen que retroceder las medidas restrictivas. Es una necesidad que lleva más de un año sin ser resuelta.