La Comisión de Juegos no cuenta con personal suficiente para fiscalizar

Unas 80.000 máquinas en ruta operan de manera ilegal en Puerto Rico

"Todas las máquinas que están ahora mismo, que son casi 80.000 o más, están ilegales", explicó el director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, Orlando Rivera.
24-05-2021
Tiempo de lectura 1:15 min
Se entregaron 100 licencias en el marco de la Ley 257 de 2018, pero las máquinas aún no están interconectadas.

Una norma de 2018, la Ley 257, enmendó el Código de Rentas Internas y reglamentó en Puerto Rico la operación de las máquinas en ruta, aquellas que funcionan fuera de los casinos. Uno de los objetivos de Orlando Rivera al asumir a comienzos de este año la dirección ejecutiva de la Comisión de Juegos fue poner en marcha esta ley, algo que aún no pudo concretar en un 100 %. 

Si bien las licencias comenzaron a entregarse en febrero, no todas las máquinas están certificadas porque la Comisión de Juegos no cuenta con el personal suficiente y tampoco logró establecer un sistema de interconexión.

"Para estar conectadas es un proceso que tiene que haber un RFP (solicitud de propuestas) y se tienen que certificar. Ellos (los operadores) no están de acuerdo con que se conecten... Todas las máquinas que están ahora mismo, que son casi 80.000 o más, están ilegales", explicó Rivera al diario Metro. La ley solo admite la operación de unas 25.000 máquinas en sus primeros años de vigencia.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico justificó la entrega de las primeras 100 licencias. Explicó que la ley posibilita que los operadores certifiquen y luego paguen un sello de US$ 1.500 para luego conectarse a un sistema centralizado que permita la fiscalización del Gobierno. Indicó que una solicitud de propuesta para establecer el sistema fue retirada porque existían lagunas en los requisitos aplicables. El aviso de subasta se pospuso hasta nuevo aviso.

El funcionario le reconoció al diario Metro que recién en el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio, el Estado estaría en condiciones de recibir ingresos de estas máquinas. El gobierno podría recibir hasta US$ 15 millones.

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