La compañía Promojuegos de México S.A., que opera dos salas de juego en el estado de Veracruz, continúo con su disputa contra el 'impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos' aprobado por la LXV Legislatura el 27 de junio de 2019, y que dispone gravar el 10% del total apostado a los establecimientos de juego.
La empresa recibió la buena noticia de que Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito revisó la decisión de la titular del Juzgado 11°, María Guadalupe Cruz Arellano, quien había negado el reclamo que la operadora había iniciado el 29 de agosto de 2019, cuando solicitó a la Unión contra actos del Congreso del Estado de Veracruz, que se inició en el Juzgado Sexto de Distrito con residencia en Córdoba y luego pasó al Distrito de Poza Rica de Hidalgo.
En su reclamo contra el Decreto 266 que autorizó el aumento, la compañía que maneja dos casinos en Poza Rica y Orizaba, advirtió que vulneraba sus derechos como persona moral contenidos en los artículos 1, 5, 14, 126, 25, 31, 73, 123, 124 y 133 de la Constitución.
La decisión del Consejo de la Judicatura Federal del 11 de mayo de revisar la negativa a la empresa, abre la puerta a que en caso de prosperar muchos otros casinos y casas de apuestas se decidan a también hacerlo.
El reclamo que Promojuegos empezó hace dos años contra el Decreto 266, comenzó a dar sus frutos, y podría llegar a poner en jaque a un tributo que fue cuestionado desde el principio por la industria del juego.