Las restricciones para frenar la pandemia no solo cerraron los locales de Comar, sino que también dejaron fuera de servicio las máquinas recreativas que despliega en la hostelería y una parte de sus concesiones, vinculadas a equipamientos culturales o al centro comercial coruñés Cantones Village.
La inevitable merma de ingresos forzó a la compañía a solicitar financiación adicional.
Comar, reconoce en su informe de gestión correspondiente al año 2019, logró el visto bueno del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para un préstamo de 21 millones, lo que le permitió “hacer frente a sus obligaciones financieras”, según señala el documento.
La compañía llegó a la crisis sanitaria tras encadenar dos años de beneficios –6,5 millones en 2019 y 5,9 millones en 2018–, y con una deuda de casi 110 millones, de los que 72,8 millones se corresponden a deudas con entidades de crédito, según recogen las cuentas del holding Comar Inversiones y Dirección de Empresas.
A esto se suma la financiación adicional, que le fue concedida a la empresa antes de afrontar el pago de 13,6 millones en 2020 y de 8,2 millones en 2021 por los vencimientos.
Llamar a las puertas del ICO no fue la única medida que tomó el empresario José Collazo, uno de los más relevantes de A Coruña. Según explica la empresa, el grupo tomó medidas para acometer una “reducción de costes drástica” ante el impacto del coronavirus.
Para apretarse el cinturón, la empresa recurrió a las bonificaciones de impuestos, al ERTE para sus trabajadores y a la renegociación de contratos con sus proveedores, incluyendo las rebajas en los alquileres en aquellos locales que tuvieron que cerrar sus puertas.
“La dirección del grupo y sus accionistas están haciendo todo lo posible para minimizar y mitigar la interrupción del negocio y sus costes. Esto incluye planes de emergencia de gestión de efectivo para asegurar la posición de liquidez, la priorización detallada de todos los pagos y la optimización de las fuentes de financiación disponibles”, admite la compañía.
A cierre de 2019, el grupo de José Collazo contaba con cerca de 1.300 trabajadores, incluyendo los que operan en los 14 casinos de República Dominicana.