El grupo de casinos australiano Crown Resorts anunció el martes que la Autoridad Independiente de Licores y Juegos (ILGA, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva Gales del Sur le denegó la licencia para poner en funcionamiento un establecimiento en Sídney, por presuntos vínculos con el crimen organizado, que fueron develados por un extenso informe sobre la compañía.
La magistrada Patricia Bergin, quien se encarga de llevar adelante la investigación correspondiente, aseguró que el grupo fue infiltrado por "agentes del crimen organizado" y los acusó de "facilitar el blanqueo de capitales, exponer al personal al riesgo de detención en una jurisdicción extranjera y entablar relaciones comerciales con personas" cercanas a grupos criminales. También afirmó que el dinero procedente puede ser del tráfico de personas, el narcotráfico, el terrorismo o la explotación sexual de niños.
Desde ILGA anunciaron que Crown deberá realizar varios cambios de sus políticas para poder lograr la licencia. Entre los requisitos está el de cambiar a su mesa directiva y evitar que cualquier accionista posea más del 10% de la participación en la compañía. El presidente de la autoridad legal Philip Crawford lanzó en declaraciones a la prensa que la empresa estaba cerca de explotar por la magnitud del conflicto.
A partir de que esta información saliera a la luz, el CEO de Crown, Ken Barton, renunció junto a otros tres directivos. Su cargo fue ocupado por la exministra de Comunicaciones, Helen Coonan, quien enseguida recogió el guante y declaró que las conclusiones de la investigación pública estaban "justificadas" y que están tomando medidas para mejorar la dirección de la empresa, aunque aseguró que "queda mucho por hacer".
"Asumir el rol de presidenta ejecutiva no fue una decisión que tomé a la ligera, pero la Junta siente que va a garantizar el liderazgo, la estabilidad y la seguridad que se necesita en este difícil momento de la empresa”, reconoció la nueva directiva, quien agregó que "la Junta está decidida a sostener el impulso mientras el Crown da importantes pasos para mejorar nuestra administración, cumplimiento y cultura".
El principal inversor de Crown, James Packer, posee alrededor del 35%. Además renunció a la junta del grupo en 2018 y es uno de lo más cuestionados del informe de 751 páginas.
El establecimiento en juego fue puesto en funcionamiento a finales de 2020 y se trata de el edificio más alto de la capital australiana (270 metros). Cuenta con un hotel, restaurantes, un casino y se llevó a cabo a partir de una inversión de US$ 1.700 millones.