Autorizaron premios de hasta US$ 1.000

Casinos de Puerto Rico en alerta por beneficios a operadores pequeños

La nueva legislación, estiman, ingresará al mercado 30 mil nuevas máquinas tragamonedas.
11-02-2021
Tiempo de lectura 1:21 min
Distintos actores de la industria de los juegos de azar se mostraron preocupados por la reglamentación que se aprobó y que permite la instalación de máquinas tragamonedas por fuera de los locales ya legalizados y establecidos.

Tras la decisión de la Comisión de Juegos de Puerto Rico (CJ) de entregar licencias para operar máquinas tragamonedas a los pertenecientes a la Empresa Puertorriqueña de Recreación Comercial (EMPRECOM), el gerente general del Casino Metro, Ismael Vega, denunció que "el reglamento representa un serio riesgo" para el rubro.

"Ya es una ley. Esas máquinas tienen derecho a existir, pero deberían cumplir con todos los requisitos. Esto nos afecta, es una competencia desleal y en el pasado han cerrado casinos a causa de estas máquinas. Esto viene en el peor momento, luego de las severas pérdidas que tenemos con la pandemia", aseguró el también expresidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRTHA), quien además explicó que  "su implementación en medio de la pandemia profundiza la contracción" que experimentan a causa de la limitación en sus operaciones, según registró El Vocero de Puerto Rico. Para finalizar, pidió que el Gobierno y la CJ "revisen el reglamento que rige a los casinos para flexibilizar la fórmula con la que se dividen las ganancias mientras dure la crisis".

El punto más importante al cual se están oponiendo de las autorizaciones para Dueños Mayoristas u Operadores y Dueños de Negocios de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, es el nuevo tope a los premios, que alcanza los US$ 1.000. Algo que no le agrada a una industria que ha perdido cerca de US$ 54 millones en el último año y calcula que con estas 30 mil máquinas más podría llegar a un déficit extra de US$149 millones.

El presidente de EMPRECOM, Pablo Javier Rivera Corraliza, defendió la medida y explicó que las "ganancias (que haga el Estado) serán destinadas al retiro digno de la policía y ayudar a los municipios al pago de la tarjeta de salud".

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