Tras la sentencia de la SCJN sobre Erik González Eulogio

Lazcano Sámano desmiente una supuesta legalización de máquinas clandestinas en México

El anlaísis del estudio Lazcano Sámano destaca que "se pudo haber malinterpretado que las máquinas de juego clandestinas se legalizaron en México, lo cual es absolutamente falso".
18-12-2020
Tiempo de lectura 4:13 min
En una nota dada a conocer por el estudio Lazcano Sámano, firma de expertos legales en Gaming, Fintech y Media con sede en la Ciudad de México, los legados hicieron un análisis exclusivo para Yogonet sobre la situación legal de este segmento, y desmintieron los titulares de la prensa que aseguraban que en el país se habían legalizado las máquinas clandestinas de juego. A continuación, su completo análisis.

A raíz de una sentencia recientemente emitida el 2 de diciembre de 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, aparecieron titulares en algunos medios de comunicación reportando que se “Despenaliza Corte tragamonedas clandestinas”, “SCJN despenaliza máquinas tragamonedas” o “Invalida SCJN penas por máquinas tragamonedas”, entre otros.

En un primer momento, esos titulares pudieran dar a entender que, a partir de ahora, en la jurisdicción mexicana, la operación de todas las máquinas de juego es legal, tengan o no licencia de la autoridad reguladora de juego (en México se le denomina Permiso y es otorgado por la Secretaría de Gobernación, esto es la SEGOB), hayan sido legalmente importadas o no, y cumplan o no con los requisitos que para tal efecto establece la normatividad aplicable.

En otras palabras, se pudo haber malinterpretado que las máquinas de juego clandestinas se legalizaron en México, lo cual es absolutamente falso. En los siguientes párrafos explicaremos porqué.

La deliberación jurídica de los Ministros de la SCJN se centró en revisar la constitucionalidad del artículo 12, fracción II, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (Ley de Juegos) y del artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (Reglamento); lo anterior, debe precisarse, solamente desde el punto de vista penal o criminal.

De los dos artículos anteriores, la SCJN observó que, por un lado, la Ley de Juego establece una pena de prisión de 3 meses a 3 años de prisión a “los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma”; y por el otro lado, el Reglamento prohíbe las “máquinas tragamonedas” (término que, en realidad, alude a las máquinas de juego sin Permiso o clandestinas).

Sobre los antecedentes del caso, es importante mencionar que esa sentencia de la SCJN provino de un procedimiento constitucional (mejor conocido en México como el Juicio de Amparo) iniciado por una persona de nombre Erik González Eulogio, quien en 2017 habría sido detenido y apresado por autoridades penales en virtud de que, al parecer, operaba un establecimiento ilegal (es decir, sin Permiso) en el que se encontraban máquinas tragamonedas (o sea, clandestinas).

El fundamento de la prisión impuesta a González Eulogio fue, precisamente, el artículo 12, fracción II de la Ley de Juegos y el artículo 12 del Reglamento; no obstante, la SCJN determinó que ambas disposiciones podrían contravenir, para el caso específico de dicho individuo, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Mexicana).

Precisamente, sobre las normas penales en México, el artículo 14 constitucional ordena, entre otras cosas, que:

• Los delitos y sus penas únicamente pueden establecerse en una ley y no en instrumento de menor jerarquía (por ejemplo, un reglamento).

• Los delitos deben estar previstos en la propia ley en forma clara, limitada e inequívoca, y sin necesidad de recurrir a otras definiciones externas.

A juicio de la SCJN, el artículo 12, fracción II, de la Ley de Juegos no se apega a esos principios (únicamente en el ámbito penal) derivados del artículo 14 de la Constitución Mexicana, simplemente, porque la Ley de Juegos no expresa al pie de la letra que las máquinas tragamonedas están prohibidas, y, porque, además, para conocer a detalle estos dispositivos, es necesario referirse al Reglamento.

En pocas palabras, los Ministros de la Corte mexicana concedieron el amparo para el efecto de no encarcelar al quejoso Erik González Eulogio, porque no existe claridad jurídica en la propia Ley de Juegos sobre la pena o castigo corporal que merecen las personas que operen máquinas de juego clandestinas.

Cabe señalar que, por disposición expresa de la Ley de Amparo (artículo 73), los efectos de las sentencias de amparo son individuales y están limitados a la esfera jurídica de quien promovió el Juicio de Amparo.

Todo lo anterior no significa que en México se hayan legalizado las máquinas de juego clandestinas o sin Permiso, pues una cosa es que la resolución de la SCJN haya desestimado la pena de prisión a un ciudadano, y otra cosa muy diferente (que no sucedió) sería que dicha Corte hubiese dejado sin vigencia los artículos de la Ley de Juegos y su Reglamento que prohíben, respectivamente, los juegos de azar y las máquinas no autorizadas.

Cabe señalar que la Ley de Amparo regula un procedimiento constitucional muy distinto denominado “Declaratoria General de Inconstitucionalidad” (artículos 231 al 235), a través del cual una norma general puede ser declarada inconstitucional; sin embargo, esto no fue materia del amparo resuelto para González Eulogio.

Pese a todo, la sentencia de la SCJN sienta un precedente para asuntos futuros que, en caso de existir, podrían dar lugar a ciertos supuestos relacionados con la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Sin embargo, mientras tanto, debe quedar claro que realizar actividades de juego con apuesta sin Permiso de la SEGOB, incluida la operación de máquinas de juego, es ilegal.

De cualquier manera, consideramos que éste es otro llamado de atención sobre la necesidad de actualizar el marco legal del juego en México que data de 1947.

Una vez más se demuestra que la Ley de Juegos ya no tiene la misma resonancia en la realidad actual que en el tiempo en la que fue creada, puesto que hoy no parece conservar la misma sintonía con la Constitución Mexicana del siglo XXI.

Por otro lado, y en vistas de la situación por la que hoy atraviesa la industria del juego, más que nunca es importante mantenernos informados. Conocimiento y unión serán los componentes principales de la recuperación el día de mañana y que seguirán haciendo frente a la falta de respuesta de las autoridades a las peticiones de los miembros del sector, como, justamente, la actualización de la legislación de juegos y sorteos que México ya necesita.

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