De acuerdo a lo señalado por el portal Sector del Juego, de España, el objetivo que se busca con estas medidas es la compensación de la caída en la oferta de premio, lo que va a suponer la pérdida de visitas con el incremento del porcentaje de premios. Esta medida, junto con la flexibilidad de los Ertes hasta final de año, son claves para la reapertura con una mínima garantía de sostenibilidad.
La pandemia del coronavirus, con el obligado cierre de salas decretado por el estado de alarma, ha puesto en cuarentena al sector del bingo, cuya difícil trayectoria de los últimos años se ha visto aún más perjudicada por el COVID-19. Los argumentos de las entidades de esta solicitud son incuestionables: durante la década 2007-2019 se ha producido una caída del volumen de negocio del 50%, el cierre de un 32% de salas (107) y la pérdida de 3.000 empleos.
Ante esta situación tan crítica, el Observatorio Estatal del Sector Laboral del Bingo, integrado por las patronales CEJ y FEJBA y los sindicatos UGT y CCOO, propuso a las administraciones públicas que les regulan ajustar el tipo fiscal al 10%, recomendado por diversos estudios para la sostenibilidad del juego del bingo, que es el subsector de juego con mayor presión tributaria.
El sector del bingo sigue ahondando su caída desde la crisis del tabaco, y luego la crisis económica de 2008. Los cierres de actividad por la pandemia, y los lógicos temores de una reapertura sin un futuro claro, colocan a muchos empresarios ante la duda de abrir o no sus establecimientos, cuando se les autorice.
En este sentido, en un sondeo realizado en salas de bingo, entre un 30% y un 35% de los empresarios, que dan empleo a mas de 3.000 trabajadores, “son reacios a la reapertura si no hay ayudas al sector y ya piensan en situaciones concursales”.
Ante esta situación, empresarios y trabajadores reclaman una respuesta de las CCAA “antes de tomar decisiones irremediables”. No obstante, se han comprometido igualmente a acordar cuantas acciones sean necesarias en su ámbito correspondiente que garanticen la continuidad de las empresas, sin pérdida de empleo, con medidas de regulación de empleo temporal y de flexibilidad interna. Consideran así mismo que todas las decisiones que se adopten desde el poder público deben ir dirigidas a la recuperación de la actividad de las salas de bingo, a la supervivencia de las empresas y al mantenimiento del empleo.