Edición Latinoamérica
27 de Octubre de 2020

Declaraciones de la Asociación Peruana de Entretenimiento y Juegos de Azar, APEJA

“Lamentamos las opiniones poco informadas de la prensa sobre la industria del juego”

“Lamentamos las opiniones poco informadas de la prensa sobre la industria del juego”
Constante Traverso, abogado y presidente de APEJA, se mostró indignado por las poco objetivas consideraciones respecto a la industria del juego, reflejadas por la prensa peruana.
Perú | 08/04/2020

En una nota enviada a nuestra redacción, titulada “Mentiras y verdades sobre tragamonedas”, el doctor Constante Traverso, presidente de APEJA, se mostró indignado por las poco objetivas consideraciones respecto a la industria del juego, reflejadas por la prensa peruana, “aún considerando que la grave crisis sanitaria que vive el mundo, producida por la pandemia del COVID-19, que debe ser la principal atención del país”.

E

n sus declaraciones, Constante Traverso, presidente de la Asociación Peruana de Juegos de Azar (APEJA) señala que “el jueves 13 de septiembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N°1.419, el mismo que incluye dentro de la base imponible del I.S.C. (Impuesto Selectivo al Consumo) a los casinos y tragamonedas”.

“De acuerdo a esta norma, a partir del 01 de enero del 2019, los casinos y tragamonedas pagan un impuesto fijo mensual por cada máquina, de acuerdo a su producción; impuesto adicional a los gravámenes especiales que vienen pagando. Esta norma se promulgó en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Congreso, mediante la Ley N°30.823; y como todas las normas otorgadas en virtud de este mecanismo legal, viene siendo materia de revisión por el Congreso de la República, conforme lo establecido en el artículo 104º de la Constitución Política”.

“En el marco de este control parlamentario, meses atrás -antes de ser cerrado-, la Comisión de Constitución del Congreso la Republica emitió un informe, concluyendo que el Decreto Legislativo N° 1.419 no cumple con lo dispuesto en el marco constitucional, y por tanto recomienda la derogación total de la norma”.

“Lamentablemente este proceso de control legislativo en el marco de la Constitución, fue cortado con la disolución del Congreso, quedando pendiente la demanda de inconstitucionalidad formulada contra este nuevo impuesto, ante el Tribunal Constitucional – TC”.

“En este sentido, exigimos que esta controversia se mantenga en el ámbito técnico–constitucional; y lamentamos las opiniones poco informadas, por lo que nos permitimos aclarar lo siguiente:

Se dice que los juegos de azar generan ludopatía. Al respecto, debemos indicar que las cifras que muestran los supuestos especialistas no tienen ningún sustento científico, y olvidan que en esta materia, el Perú está a la vanguardia de la región desde la vigencia, en julio del 2002, de la Ley N°29.907 –Ley de Prevención y el Tratamiento de la Ludopatía en las salas de juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas–. En virtud a esta norma, se ha creado un registro de exclusión, y las salas de juego están prohibidas de permitir el ingreso de los registrados, los mismos que hasta julio del presente año, no superan las quinientas personas a nivel nacional (en una población de 30 millones de habitantes)”.

Se dice también que los casinos no pagan impuestos. Los casinos han pagado y siguen pagando no solamente los impuestos que afectan la actividad empresarial en el país, además han pagado en impuestos especiales más de 1.000 millones de dólares. En los últimos años, la recaudación por el impuesto especial al juego, creado en el año 1999, ha llegado a los 100 millones de dólares anuales aproximadamente, siendo que esto equivale al 60% de la recaudación por el Impuesto Especial a la Minería, por ejemplo, o más del doble de la recaudación por Impuesto a las Transacciones Financieras, según la Nota Tributaria de SUNAT; con lo que queda demostrado objetivamente que para una economía como la peruana, la afectación actual de la actividad de casinos y tragamonedas es más que razonable, y así lo han confirmado reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional.

Se dice que es una actividad que no tiene control. Esta actividad tiene una regulación muy estricta, por ejemplo, el Perú es uno de los pocos países en el mundo que exige un control en línea y a tiempo real, de las operaciones. En virtud de la Ley N° 29.829 de enero del 2012, se obliga a todos los operadores a instalar un sistema interconectado con SUNAT y MINCETUR para controlar y fiscalizar las operaciones en tiempo real.

En el mismo sentido, debemos decir que el regulador peruano mantiene altos estándares de calidad en sus labores de control y fiscalización, habiendo sido premiado en reiteradas oportunidades por su excelente trabajo, constituyendo actualmente un modelo para la región.

Se dice que los casinos no traen nada positivo a la sociedad. De acuerdo a la página web de SUNAT, la industria del juego en el Perú oficialmente emplea a 76.897 personas. Además es una importante fuente de promoción de la inversión privada y de turismo. Se estima una inversión superior a los 1.000 millones de dólares en la industria. Finalmente, debemos indicar que el día de hoy, el Tribunal Constitucional –TC peruano rechazó la demanda de inconstitucionalidad formulada contra este nuevo impuesto (ISC). Los detalles de la sentencia aún no se publican, pero la página web oficial de dicha institución indica que la votación fue de cuatro votos a favor de la inconstitucionalidad; y tres en contra, declarándose infundada la demanda por no alcanzar los cinco votos que exige la Ley”.

“Ante la campaña de difamación iniciada contra los magistrados del TC que votaron por la inconstucionalidad del nuevo impuesto, debemos recordar a la opinión pública que el gran crecimiento de los juegos de azar en el Perú se produce en la década de los noventa, donde ante la ausencia de oferta de entretenimiento, debido a la violencia terrorista y la crisis económica, los tragamonedas logran constituirse como la principal atracción para la población, ofreciendo no solamente juegos de azar, sino espectáculos en vivo, alimentación, juegos, premios, sorteos, cortesías y demás atenciones”.

“En este sentido, consideramos que el gran reto del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, es en lugar de continuar aumentando la presión a los empresarios formales; atender el alto grado de informalidad que existe en el país”.

“En la solicitud de delegación de facultades, que originó el decreto legislativo N° 1.419 ahora en debate, el Presidente del Consejo de Ministros fundamenta su pedido en que la presión tributaria del 2017 ascendió a 12,9% del P.B.I., la más baja de los últimos años”.

“Además, resalta los altos grados de incumplimiento en Impuesto a la Renta e Impuesto General a las ventas. Sin embargo, nos preguntamos cual fue la respuesta del Estado para atender esta realidad. Realmente, el MEF considera que exigir más impuestos a las empresas que ya pagan sus tributos mejorará este indicador”.

“Nos preguntamos si no sería mejor buscar la manera ampliar la base tributaria, a través de un proceso de formalización de la economía peruana, lo que implica ejecutar las grandes reformas que el país exige. Exigimos coherencia frente al análisis de la situación actual, consideramos que la tarea pendiente del MEF es paralelamente a las medidas anunciadas para reactivar la economía post COVID-19, implementar políticas para formalizar la economía peruana, estamos convencidos que simplemente exigir un mayor pago a las pocas empresas que viene cumpliendo con sus obligaciones, no es un camino constitucional”, enfatizó Traverso.

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