Funcionarios estatales reconocieron que el Congreso de Nuevo León tiene competencia para establecer contribuciones sobre juegos y sorteos, pues si la facultad para gravar esas actividades no se otorgó en la Constitución exclusivamente a la Federación, esto permite concluir que también la pueden ejercer las legislaturas locales.
Los alcaldes metropolitanos y diputados locales se sumaron para solicitar a la Corte no declarar inconstitucional el impuesto estatal a casinos, cuya recaudación va destinada a la seguridad pública de los municipios.
La representante de la Mesa Metrópoli, Mayra Hernández, acudió al máximo tribunal para interponer un recurso como una opinión técnica para que a la hora de que se haga el análisis por los ministros, éstos vean que se destina al gasto público e inversión en seguridad, y advirtió en que si se pierden estos recursos se estaría poniendo en riesgo el sueldo de 7 mil policias.
Por su parte, Manuel González, secretario general de Gobierno, precisó que "el ingreso que se obtiene por el impuesto de casinos oscila alrededor de los US$48 millones al año y un porcentaje muy alto va a dar a los municipios y a sus fondos de seguridad"