La Corte Suprema falló a favor de mantener los impuestos a casinos en Nuevo León, México

Como propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró constitucional el cobro de dos impuestos estatales, creados en 2017 durante la gestión de Jaime Rodríguez, a tres casinos de Nuevo León.

Los ministros avalaron que la entidad siga recaudando un impuesto del 6% a las apuestas y otro del 10% para los clientes que participan en juegos y sorteos, luego de que los empresarios de Players Palace, Entretenimiento Mapuche y Apuestas Internacionales solicitaran que se eliminara el pago.

Esquivel Mossa reconoció "que el Congreso de Nuevo León tiene competencia para establecer contribuciones sobre juegos y sorteos, pues si la facultad para gravar esas actividades no se otorgó exclusivamente a la Federación, ello permite concluir que también la pueden ejercer las legislaturas locales", y argumentó que se declaró la constitucionalidad de los artículos 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y segundo transitorio de Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, que establecen el impuesto a cargo de los establecimientos y diversas obligaciones formales (recaudación y entero, entre otras), por considerar que no trastocan los principios de justicia tributaria.

Días atrás, el senador del Partido Acción Nacional, Víctor Fuentes presentó ante la Corte un recurso “amicus curiae” para demostrar que los impuestos a juegos con apuestas son constitucionales, y basado en esto consideró que se iban a negar los amparos presentados por los casinos.

"La regulación del impuesto sobre juegos con apuestas no corresponde solamente a la Federación; lo que compete de forma exclusiva al Congreso de la Unión es la regulación en materia de juegos con apuestas y sorteos que se encuentra limitado en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y en el Reglamento de esa Ley, por lo que los estados pueden imponer estos gravámenes sin invadir facultades exclusivas de la Federación", explicó el funcionario.

La recaudación de este gravamen significa más de US$32 millones anuales para las arcas del gobierno y en caso de que la Corte hubiera eliminado esa tributación, existiría un precedente para que en otras entidades también los eliminaran.