Edición Latinoamérica
04 de Marzo de 2021

Los pedidos habían sido presentados por Fernando Vargas y Daniel Cisneros

Ecuador: la Corte Constitucional dictaminó que la consulta popular no es mecanismo para el regreso de casinos

Ecuador: la Corte Constitucional dictaminó que la consulta popular no es mecanismo para el regreso de casinos
Según la ley vigente, la persona que administre, ponga en funcionamiento o establezca casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a esta actividad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Ecuador | 21/10/2019

La entidad unificó el tratamiento de los pedidos de Vargas, presidente de la Corporación Provincia de Santa Elena Competitiva, y Cisneros, alcalde de Salinas. En su dictamen, estableció que autorizar el funcionamiento de este tipo de establecimientos en la región, a través de una consulta popular local, excede las prohibiciones establecidas en la normativa nacional; y que en caso de ser aceptada significaría modificar disposiciones generales de alcance nacional.

E

l último viernes, la Corte Constitucional (CC) hizo público su dictamen sobre el regreso de los casinos. El máximo organismo de interpretación constitucional del país no dio paso al pedido de consulta popular en el cantón Salinas (Santa Elena) para que esta actividad vuelva a ser legal.

A la CC llegaron dos pedidos sobre este tema. Uno fue realizado por Fernando Vargas, presidente de la Corporación Provincia de Santa Elena Competitiva. La otra solicitud de consulta la hizo el alcalde de Salinas, Daniel Cisneros. La CC decidió unificar ambos pedidos para su tratamiento, y en su dictamen, estableció que "autorizar el funcionamiento de casinos, casas de apuesta y salas de juego en el cantón Salinas, a través de una consulta popular local, excede las prohibiciones establecidas en la normativa nacional", y agrega que "de ser aceptada y obtener resultados favorables, implicaría que estos sean jurídicamente inejecutables; o significaría modificar disposiciones generales de alcance nacional".

Por tal motivo, declaran que las consultas populares no garantizan la plena libertad del elector y no cumplen con los requisitos constitucionales ni legales. El funcionamiento de casinos y casas de apuestas están tipificados como delitos contra los derechos de los consumidores y otros agentes del mercado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En el artículo 236 de esa normativa se establece que "la persona que administre, ponga en funcionamiento o establezca casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".

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