Edición Latinoamérica
22 de Agosto de 2019

Nuevas reglas para el sector en Colombia

FECOLJUEGOS y ASOJUEGOS apoyan el Plan Nacional de Desarrollo

FECOLJUEGOS y ASOJUEGOS apoyan el Plan Nacional de Desarrollo
Ambas asociaciones apoyaron enfáticamente el cambio impositivo para el sector, que redundaría en darle una sustentabilidad jurídica y económica a las operaciones físicas y online en el país.
Colombia | 10/05/2019

De acuerdo a lo señalado por los representantes de ambas entidades, la reforma tributaria que alcanza al sector de juegos de suerte y azar de Colombia generaría mayores ingresos a futuro para el sector de Salud a nivel nacional.

E

n un reciente comunicado, ambas entidades manifestaron que “el nuevo Plan Nacional de Desarrollo le garantiza ingresos futuros al sistema de Salud, al brindarle estabilidad a las empresas que operan los juegos. La seguridad jurídica sin duda se constituye en un elemento sustancial para hacer políticas de largo plazo, inversiones y darle un desarrollo debido a la actividad de juegos”. Además de reducir considerablemente la ilegalidad, las medidas colocan a Colombia como “un destino atractivo para la inversión y generar desarrollo en el portafolio de juegos”, señalaron.

“El propósito gremial fue visibilizar ante el Gobierno Nacional cómo las altas cargas impositivas del sector de juegos de suerte y azar estaban impactando la sostenibilidad de las empresas y haciendo inviable la industria, especialmente en los juegos localizados (máquinas y bingos) y las apuestas permanentes (chance)”, enfatizaron los representantes de ambas entidades gremiales en Colombia.

La situación del sector en la modalidad de localizados (casinos y bingos) ha venido decreciendo, a partir de la aplicación dada por Coljuegos para cada máquina tragamonedas frente a la norma que indica que los derechos de explotación será el mayor valor entre el 12% del ingreso neto del juego y una tarifa fija (mínimo garantizado), lo cual ha generado pagos equivalentes al 23% del ingreso bruto (esto es, del valor de apuestas sin descontar los premios entregados que equivalen a un 90% del valor apostado en cada elemento de juego). Esto sin considerar que el IVA es asumido directamente por el operador, ya que, en esta modalidad de juego, no es posible cobrarlo al jugador.

“Lo anterior, va en contra de la lógica económica de cualquier actividad comercial, impactando en el crecimiento de las ventas, el número de elementos de juego y el incremento de la ilegalidad, toda vez que este esquema impositivo se ha convertido en un desincentivo para la legalización y la inversión”, enfatizaron en el comunicado. De hecho, según el estudio publicado en septiembre 2018 y realizado por Fedesarrollo “Caracterización y estimación del mercado ilegal de juegos de suerte y azar en Colombia” en los últimos años en la industria se ha registrado un incremento del 50% en las máquinas que operan de forma ilegal en el país.

“La modificación contemplada en el artículo 61 del documento aprobado por el legislador, permitirá al sector de juegos localizados continuar generando recursos importantes para la salud, además de la sostenibilidad económica de los operadores, dado que, de continuar con la estructura actual, los recursos por concepto de derechos de explotación para la Salud estarían comprometidos para los próximos 3 años”, consideraron desde ambas entidades.

“Por tanto, si bien la norma aprobada en el PND tiene un impacto en el corto de plazo, con una disminución de aproximadamente 14% para el primer año en las transferencias; en el mediano y largo plazo, esto es en máximo 2 años, se estima un incremento en las rentas a la salud”, y señalan que este incremento se daría por las siguientes vías:

- Vía Legalización: se estima que el 30% de las 58.000 máquinas electrónicas tragamonedas que hoy componen el parque de met ilegales sean legalizadas generando unos ingresos dentro de los próximos 2 años de 120.268 millones de pesos en derechos de explotación. En este punto es necesario el fortalecimiento en las acciones que tome la institucionalidad para combatir de manera eficiente y eficaz las operaciones ilegales.

- Vía incremento ventas MET autorizadas actualmente: se proyecta que habrá un incremento en la media de apuesta del parque actual de met del 60%, lo cual representa en ingresos anuales de derechos de explotación 286.000 millones de pesos.

- Vía incremento del parque de met de operadores autorizados: se estima que el total de operadores autorizados aumenten anualmente sus contratos en 2500 met, esto significa un aumento en los recursos para la salud por un valor de $8.600 millones de pesos anuales.

- Vía operaciones de nuevos juegos ya regulados pero que no han sido operados por la inviabilidad económica (Operación de met en ruta): se espera que el esquema de operación de máquinas en ruta regulado desde hace 3 años sea una realidad en el mercado, con una operación en 2 años de 3000 met, que generará ingresos para la salud en los próximos 2 años de 233.280 millones de pesos.

- Vía ampliación de la Operación de Bingos: con la conexión de los bingos, el Estado recaudará por ingresos anuales de la operación de este tipo de juego un valor superior a 8.000 millones de pesos para el primer año luego de la entrada en vigencia de la norma propuesta, lo que representa un crecimiento del 17% del recaudo actual.

- Otros ingresos por nueva oferta de juegos: en la actualidad los operadores de juegos de suerte y azar por internet han solicitado la inclusión de nuevos tipos de juego en la oferta actual, lo cual permitirá un incremento en ventas aproximadamente del 15% anual.

Para esta modalidad de los juegos de suerte y azar, la modificación permitirá a la industria ser más competitiva frente a condiciones de los nuevos juegos regulados por la entidad, la modernización del parque de máquinas lo cual elevará los estándares de la operación cumplimiendo así uno de los objetivos estratégicos de la entidad y el incremento en mediano plazo de los derechos de explotación, estimándose que en aproximadamente 2 años, el valor de transferencias será superado al de la actualidad.

El Chance por su parte viene con una aplicación de dos normas de manera contradictoria, los derechos de explotación que corresponden al 12% del ingreso se oponen al concepto de rentabilidad mínima definido en el artículo 24 de la Ley 643 de 2001. Igualmente, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar ha proferido actualizaciones no descritas en la ley, las cuales han generado inequidad y modificación del régimen económico del juego de apuestas permanentes como el concepto de metodología para el cálculo de la rentabilidad mínima proferido por en julio de 2013.

Las tarifas económicas de los juegos en el mundo están ligadas al valor de la apuesta que constituye el ingreso bruto, pero con tasas marginales y depuradas, porque en la mayoría de los eventos se descuentan los premios, situación que no afecta la estructura de costos de las empresas que se dedican a esta actividad. Entre tanto en Colombia se instituyó de manera irresponsable la figura del mayor valor, entre los derechos y la rentabilidad mínima, adicionando crecimientos como el IPC y actualización a valores presentes que en últimas desnaturalizan la tarifa, ingredientes que sumados aumentan la tarifa real, cambiando el régimen económico por incrementos que no guardan correspondencia con la realidad operativa y el ingreso del juego.

“Es importante destacar el ejercicio en Colombia que se ha venido dando para la conexión en línea y en tiempo real de todos los juegos, donde el Estado obtiene como receptor principal y primario el dato total de los ingresos tanto de Chance como de las máquinas, herramienta tecnológica que se instituyó precisamente para la determinación del ingreso y de esta manera asegurar el pago de los derechos de explotación, por tanto, no es justificable ni entendible que a pesar de la claridad de este valor de ingreso de todas las apuestas, haya una exigencia de rentabilidad mínima adicional o de derechos de explotación mayores a los normativos que contrastan con el ingreso”, aseguraron.

Por último, ambas entidades señalaron que “era inminente que la actividad económica de los juegos debía estar enmarcada en un esquema de seguridad y estabilidad jurídica y precisamente a eso apuntó la modificación expedida por el Congreso de la República en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde no se hace otra cosa distinta que ratificar la postura de los fallos de la jurisdicción constitucional y contenciosa administrativa de la competencia exclusiva del Congreso para expedir tarifas, derechos de explotación, tasas, impuestos o contribuciones. El legislador mantiene la estructura constitucional del régimen propio de los juegos de suerte y azar, con la iniciativa que partió de la ley 643 de 2001”, finalizaron.

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