Codere indemniza con U$S 5,2 millones a sus fundadores tras su destitución

Al expresidente de Codere, José Antonio Martínez Sampedro, le correspondieron 2,27 millones de euros como indemnización por su destitución el 12 de enero de 2018, con el siguiente desglose: 1.811.639,61 euros correspondientes "a la indemnización pactada en el contrato equivalente a 1,5 veces su retribución fija anual"; 301.948,94 euros "como importe equivalente a tres mensualidades de retribución fija y en especie por el preaviso de tres meses estipulado en el Contrato"; y 63.659,94 euros brutos "en concepto de liquidación por los 12 días de enero de 2018, más pagas extras y vacaciones".

Al ex vicepresidente, Luis Javier Martínez Sampedro, le correspondieron por su parte 2,35 millones: 1.018.843,98 euros brutos de indemnización (1,5 años de sueldo fijo); una retribución en especie de 1.045.563,44 euros derivada de la cancelación de un préstamo otorgado por la compañía al ex ejecutivo en 2005 para la compra de acciones de Codere; 169.807,33 euros brutos por el preaviso de tres meses; y 20.661,39 euros por doce días de salario bruto.

Al igual que las cuentas anuales de 2018 y el informe de Gobierno Corporativo, el informe de remuneraciones de Codere ha sido aprobado con el voto en contra de los dos hermanos y de su sociedad, Masampe S.L., cuyo representante como persona física es el ex ministro Pío Cabanillas, que en enero vio cancelado el "contrato de prestación de servicios de asesoramiento institucional, comunicación, marketing y otros" a una sociedad de la que es accionista mayoritaria con la que facturaba a la compañía importantes montos (373.000 euros en 2017), de forma paralela a sus labores como vocal.

Los Martínez Sampedro, que han impugnado su destitución en los tribunales y ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de Madrid, se mantienen como consejeros de la compañía, de la que conservan un 15,76%, aunque se han quedado en minoría frente a los fondos que forzaron su relevo como ejecutivos.

En 2018, Codere volvió a los números rojos al registrar unas pérdidas de 40,4 millones, frente al beneficio de 2,8 millones de un año antes, por la evolución negativa de los tipos de cambio y la hiperinflación en Argentina, y cerró el ejercicio con un fondo de maniobra negativo de 80,9 millones, aunque sus administradores consideran que "actualmente el grupo cuenta con facilidades crediticias no dispuestas" que permiten "posibilitar el cumplimiento de los compromisos y de las obligaciones de pagos contraídas" y "asegurar la continuidad de las operaciones".

Entre enero y septiembre, la compañía, con más de 12.000 empleados, disparó un 77,4% su red de salones recreativos (establecimientos de juego con entre 5 y 50 máquinas instaladas en España), que pasó de 523 a 928.

En su informe de gestión, la compañía destaca que "los productos basados en apuestas online se han consolidado como parte de la oferta ofrecida por el sector, tanto en servicios a jugadores como en soluciones digitales para empresas. Si las condiciones regulatorias no cambian, se espera un crecimiento de esta actividad en distintos países a nivel global".