El Tribunal Supremo analiza una ley valenciana sobre los límites al sector

España: las ventas de las casas de apuestas subieron más del 6% en Valencia

Las ventas de las casas de apuestas en Valencia tuvieron un incremento del 6,22% en el acumulado de 2018 frente al año previo.
16-01-2019
Tiempo de lectura 2:40 min
El volumen total de apuestas jugadas superó los 341,8 millones de euros en 2018. El win para los operadores ascendió a más de 68,7 millones, una suba del 5,84% frente a 2017. Siete jueces analizan desde octubre la ley valenciana de 2015 que imponía una distancia mínima de 800 metros entre estos locales. Buscan establecer la competencia autonómica para autorizarlos. Un legislador pide que la recaudación de las quinielas y apuestas queden en la Comunidad Valenciana.

El volumen total generado por los operadores de apuestas en la Comunidad Valenciana durante todo 2018 generó ventas por 341.814.237,58 euros, un incremento del 6,22% frente a los 320.560.247,99 de 2017. El reparto de premios ascendió a los 273.080.483,17 euros (255.839.391,96 en 2017), y la diferencia o win alcanzó los 68.733.754,41 euros. Este último indicador representó un aumento del 5,84% al contrastarlo con los 64.720.856,03 del mismo período el año previo.

Según el último informe publicado por la Consejería de Hacienda de esa jurisdicción autónoma, en el total acumulado se incluyeron las sumas de 4.470.373,10 relativas a importes jugados, y de 3.588.394,32 por premios pagados, asignadas a una determinada empresa de apuestas que no figuraban en las estadísticas publicadas previamente para el período de enero a septiembre de 2018.

Este lunes la cartera también informó los datos correspondientes al último trimestre de 2018. El volumen total alcanzó los 83.078.629,52 euros, con un reparto de premios de 64.921.439,76 euros y un win de 18.157.189,76 euros.

Restricciones a las casas de apuestas

Por otra parte, el Tribunal Supremo estudia desde hace tres meses el margen que tienen las administraciones públicas españolas para poner límites a la proliferación de los salones de juego y casas de apuestas. Siete jueces de lo contencioso-administrativo analizan desde octubre la ley valenciana que imponía una distancia mínima de 800 metros entre estos locales con el encargo de establecer “el margen de actuación del que disponen” las autoridades “para autorizar el establecimiento de salones de juego”.

El caso que estudia el alto tribunal es el de la ley promulgada por la Generalidad Valenciana en abril de 2015 que, entre otras cosas, imponía una distancia mínima de 800 metros de puerta a puerta entre salones de juego en toda la comunidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llevó la norma ante la Audiencia Nacional, que en marzo decidió anular los tres artículos de la norma que establecían esta limitación por no estar debidamente justificada: “La restricción es desproporcionada para el fin perseguido”, adujeron los jueces al explicar que en la Comunidad Valenciana hay una ratio de uno de estos locales por cada 20 mil habitantes, según informa Cadena Ser.

Con la normativa valenciana ya modificada desde noviembre por el ejecutivo regional, tanto la Generalidad como varias asociaciones empresariales del sector decidieron llevar el caso ante el Tribunal Supremo. Fue la sección de lo contencioso-administrativo encargada de las admisiones la que el pasado mes de octubre decidió admitir a trámite el recurso, encargando a sus compañeros de la sección tercera analizar la normativa del sector para sentar jurisprudencia en torno a dos aspectos fundamentales: si la CNMC podía recurrir la ley directamente ante la Justicia pasando por encima de sus procedimientos ordinarios y también si hay que “modular o matizar” las limitaciones de una administración pública para regular estos locales y su presencia en las calles.

En paralelo, el diputado de la coalición política Compromís en Las Cortes Valencianas Jordi Juan Huguet presentó una propuesta para que la recaudación de las quinielas y apuestas queden en la Comunidad Valenciana.

El legislador busca que "no se deje escapar ni un céntimo de euro para la Generalidad del 49,95% del importe obtenido por la recaudación del Impuesto sobre Actividades de Juego en relación con las apuestas deportivas, porcentaje que actualmente va destinado a las Diputaciones Provinciales". Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, es la Generalidad quien tiene la competencia exclusiva en deporte y ocio.

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