El jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, investiga a exdirigentes de la asociación que agrupa a los dueños de las máquinas de juego, Fiden, por presunto lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas políticas. Por este último delito, el Ministerio Público envió antecedentes al Servicio Electoral (Servel) que darían cuenta de la supuesta vinculación de los exdirectores de la Fiden con personas del ámbito político para financiar sus campañas.
Por ley, para indagar este ilícito, la fiscalía necesita que el Servel denuncie los hechos. Sin embargo, el Ministerio Público recibió el pasado 26 de diciembre un oficio del organismo que informaba que no presentará una acción legal, ya que no habrían antecedentes de un financiamiento ilegal de campañas.
En declaraciones al diario La Tercera, Sepúlveda explicó que siguen corriendo los plazos de prescripción, dos años desde el acto electoral o después de que haya sucedido el hecho, y todos están relacionados con las elecciones de noviembre de 2017. “En segundo lugar, la fiscalía no puede investigar ningún hecho relacionado con ese acto electoral en concreto, razón por la cual nos priva, en ese sentido, de poder efectivamente realizar actividades de investigación o formalizar por estos delitos”, añadió.
En relación con la respuesta del Servel, enfatizó que el organismo indicó que “por ahora, no hacen la denuncia”, lo cual les deja la puerta eventualmente abierta. “No sé qué podría hacer cambiar de criterio a este organismo, si es que nuevos antecedentes o alguna otra situación en particular”.
El fiscal afirmó que el año pasado enviaron al Servel antecedentes de ciertas piezas seleccionadas de la investigación: “Fundamentalmente que dan cuenta de diligencias intrusivas que se realizaron, lo cual entendemos nosotros que eran indiciarios de la comisión de algún delito establecido en la ley que rige los procesos electorales. Lo que entiendo yo, que ellos aluden en su respuesta, es que no se dice ninguna situación anormal, sino más bien relaciones comerciales propias de personas que están relacionadas”.
Por su parte, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, se refirió a la situación tras conocerse la decisión del Servel como un claro ejemplo de la mala legislación en la materia. “Creemos que acá efectivamente ha quedado un contrato con sistema privilegiado, más cuando el Servicio Electoral no es un órgano técnico, más bien un órgano de características políticas. Y no consideramos que haya razón para que tengamos estas necesidad de que el Servicio Electoral primero tenga que verificar y hacer una querella o denuncia para investigar delitos electorales”, señaló a radio BioBio.
En tanto, uno de los políticos investigados, el excandidato a diputado Nelson Hadad, padre del exdirector de Fiden Alberto Hadad, se manifestó conforme con la decisión de no perseverar del Servel e insistió en que esta vinculación que realizó la Fiscalía dañó su reputación: “Es categórica en términos de acreditar que en las campañas electorales, no hubo ningún tipo de irregularidad, y muy por el contrario la rendición de cuentas fue presentada al Servel en tiempo y forma debidamente examinada y aprobada por el Servel”.
A través de un comunicado publicado este sábado en su página web, la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden) informó que en la sesión de directorio del pasado 8 de enero se acordó suspender la calidad de socios de todos los exdirectores de Fiden actualmente sometidos a investigación en la causa a cargo de Fiscalía Oriente, denominada Tragamonedas-Financiamiento Ilegal de la Política, “basados fundamentalmente en los últimos acontecimientos negativos” en los cuales se vieron “afectados públicamente como gremio”.
La organización indicó que la suspensión se mantendrá mientras no se aclare la situación legal que los afecta, aunque dejó en claro su “convicción de que mientras la Justicia no diga lo contrario, todos los ex directivos son inocentes”. “En el eventual caso de comprobarse judicialmente conductas constitutivas de delito, somos categóricos en señalar que cada persona es responsable individualmente de sus actos y de la forma de asumir sus prácticas y defensa, salvaguardando en todo momento nuestra asociación gremial”, añadió.
En ese sentido, el gremio manifestó su deseo de que la Justicia llegue a una definición, y estableció un vínculo con el debate que lleva a cabo el Senado en torno a la prohibición de las tragamonedas fuera de casinos autorizados: “(Con el objeto de) terminar con la persecución mediática que hemos sido objeto desde el mes de agosto del año pasado, cuando la Comisión de Gobierno del Senado y el Subsecretario de Hacienda anunciaron públicamente su disposición de trabajar en un proyecto de ley que buscaba regular nuestra actividad comercial, precepto que fue cambiado a nuestro entender de manera abrupta y motivada esencialmente por hechos noticiosos negativos”.