Andorra la Vieja aprobó el plan urbanístico para incluir el nuevo casino

El pleno del Ayuntamiento de Andorra la Vieja aprobó el jueves pasado, en una sesión con un único punto en el orden del día y con la abstención de las dos consejeras del PS (Partido Socialdemócrata), la modificación del Plan de Ordenación y Urbanismo Parroquial (POUP) que debe permitir la construcción del casino en una parcela de la calle Prat de la Cruz.

Los cambios en la ficha urbanística recibieron el aval de la Comisión Técnica de Urbanismo (CTU), si bien el Gobierno incluyó dos observaciones con respecto al uso público de la plaza que deberá haber en la cubierta del edificio y en la pasarela que debe conectar este nuevo espacio con la plaza del Pueblo. Por su parte, el propietario de los terrenos también presentó alegaciones porque quería que "el uso público de la plaza quedara condicionado a la existencia del edificio del casino", detalló la cónsul mayor, Conxita Marsol.

Ante esta situación se decidió que todo lo referente al uso público de la plaza quedara fuera de la ficha urbanística y se incluya sólo en el convenio que firmarán las tres partes implicadas: comunidad, propietario y el adjudicatario del casino. "El Gobierno considera que el uso público de una plaza debe ser a perpetuidad, yo no estoy de acuerdo, pero hemos encontrado una fórmula que nos viene bien a todos", expuso la cónsul, y señaló que el convenio fijará que el uso público será, como mínimo, por 22 años, el mismo plazo previsto en la licencia de explotación del casino.

En cuanto a las conexiones previstas desde la plaza que habrá sobre el casino, de momento sólo se contempla que la operadora de la sala de juegos tenga la obligación de construir una pasarela para conectar con la avenida Meritxell, mientras que el paso hacia la plaza del Pueblo queda a decisión de la comunidad. Según Marsol, "lo que está claro es que los explotadores del casino y la propiedad estarán obligados a permitir la conectividad si el común se lo pide".

Las consejeras del PS Dolores Carmona y Lídia Samarra se abstuvieron en la votación bajo los mismos argumentos que el día en que se hizo la aprobación provisional del cambio, afirmando que aspectos claves como tener la seguridad de que la terraza superior del inmueble será de uso público y estará conectada con la avenida Meritxell y la plaza del Pueblo no están del todo asegurados.

"Un cambio así es lo suficientemente importante para tener atados todos los flecos antes de presentarlo", argumentó Carmona, e indicó que "sin esta conexión, el uso de la terraza de un edificio privado por mucho que haya un convenio no aporta demasiado".

Por su parte, el consejero de L'A + Cd'i, Jordi Minguillón (su compañero Víctor Pintos no estuvo presente en el pleno), apoyó el cambio urbanístico al asegurar que es un tema "de interés" para la gente poder tener el casino y la conexión con la avenida Meritxell. Además, defendió que la modificación del POUP ajusta a la legalidad "y no perjudica a nadie". Un argumento similar al de la cónsul, que insistió en que era una "oportunidad".

Adjudicación de la licencia

Vale recordar que el Consejo Regulador Andorrano del Juego (CRAJ) aún no dispuso la concesión firme y definitiva a Jocs de la licencia, aunque se prevé que ocurra a mediados de enero. Sin la modificación del POUP la propuesta de Jocs no habría sido viable y sería un blanco demasiado fácil de atacar para el resto de los concursantes.

Cuando parecía que su puesta en marcha sería inminente, con la adjudicación el 26 de junio pasado, se puso en funcionamiento el proceso judicial. Cuatro de los candidatos -Casinos de Austria, Cirsa, Genting y Partouche- decidieron llevar la concesión a la Justicia. Tomaron la decisión de interponer una demanda en el fuero administrativo del Tribunal de Batlles contra la resolución del Gobierno de Andorra del 27 de noviembre, y desestimaron así los cinco recursos que los operadores (los cuatro que impulsaron la demanda junto a Barrière) habían presentado el 27 de julio contra el desenlace del concurso.

Las cuatro compañías denunciaron irregularidades "graves" durante el proceso por parte del Consejo General, según lo informado en un comunicado por Casinos Austria, Cirsa, Genting y Partouche. Las empresas, junto con sus socios locales, solicitaron la aplicación de “la anulación de todo el proceso de adjudicación”. También pidieron “la suspensión cautelar de la licencia de operación a Jocs de manera urgente” hasta que la división judicial del gobierno andorrano tome una decisión al respecto.

Mientras tanto, el otorgamiento definitivo de la licencia se prorrogó hasta el 18 de enero. La postergación se enmarca en lo previsto en la ley de regulación de los juegos de azar, y el CRAJ decidió aplicarla debido a la complejidad del trámite. Con esta prórroga ya no se podrán añadir nuevos plazos, y el regulador deberá resolver sobre la base de la información y documentación que haya presentado el ganador del concurso hasta ahora.