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18 de Septiembre de 2019

Reunión entre el Gobernador y presidentes legislativos

Puerto Rico: acuerdan excluir ingresos por video lotería de la reforma contributiva

Puerto Rico: acuerdan excluir ingresos por video lotería de la reforma contributiva
El gobernador Ricardo Rosselló se reunió este lunes con el titular del Senado, Thomas Rivera Schatz, y su homólogo de la Cámara, Carlos Méndez, junto a presidentes de las comisiones de Hacienda.
Puerto Rico | 16/10/2018

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, los líderes de la Cámara y el Senado y otros funcionarios acordaron este lunes los puntos de convergencia para lograr la aprobación del proyecto. Se afirmó que las tragamonedas con premios en efectivo sí se mencionarán en la reforma contributiva, pero que la medida no dependerá de los ingresos que generen. Se trabajará en proyectos futuros para definir el destino de esos fondos ante una eventual legalización.

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espués de eliminar los principales puntos en controversia, las cámaras legislativas y La Fortaleza esperan afinar una serie de detalles de la reforma contributiva para este jueves, antes de que la medida sea considerada.

Aunque los presidentes legislativos y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares salieron de una reunión ayer con un acuerdo para que la reforma sea aprobada, todavía quedan áreas sin definir para que la pieza vaya a votación.

Una de las áreas en las que buscarán consenso es en los topes que se necesitarán establecer en el Código de Incentivos para que genere al menos los $209 millones que el Departamento de Hacienda dejará de recibir con la reforma contributiva.

Pero la conferencia de prensa después de la reunión de Rosselló con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y su homólogo de la Cámara, Carlos Méndez, se concentró en que se habían superado los principales escollos que hasta el momento tenían la reforma estancada.

“Estoy convencido de que antes de que termine esta sesión habremos de aprobar una reforma contributiva consistente con los compromisos en el Plan para Puerto Rico reduciendo la obligación contributiva de los puertorriqueños. El jueves nos volvemos a reunir con el gobernador y tenemos la aspiración de que la próxima semana estaremos aprobando la reforma contributiva”, aseguró Rivera Schatz.

El obstáculo radicaba en las propuestas de que la reforma contributiva incluyera la eliminación o sustitución del impuesto al inventario de los comercios y la legalización de las máquinas tragamonedas. Ambos asuntos se trabajarán en proyectos futuros.

Sobre el impuesto al inventario, Méndez explicó que no puede eliminarse porque los municipios tienen servicios y repago de bonos que dependen de esos ingresos, por lo que consideran propuestas de alcaldes para sustituirlo con ajustes en el lenguaje del Proyecto de la Cámara 1411.

Con respecto a las máquinas tragamonedas, Méndez afirmó que sí se mencionará en la reforma contributiva, pero que la medida no dependerá de los ingresos que generen.

“El estado de derecho actual permite que el secretario de Hacienda lo pueda hacer (legalizarlas), pero hay un pleito en el tribunal que no permite hacerlo”, sostuvo el presidente cameral.

“Lo que estamos mirando es que si en la eventualidad eso ocurriese, que sea la conexión de las máquinas existentes. Lo que queremos es que las máquinas que están por ahí al garete, sueltas, que no están pagando contribuciones ni licencias al gobierno de Puerto Rico, sean conectadas a Hacienda y comiencen a tributar”, precisó. Los líderes legislativos señalaron que, por el momento, no se definió el destino del dinero que produzcan las tragamonedas.

En tanto, el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, declaró el lunes que votará en contra de cualquier medida que viabilice la legalidad de las máquinas de entretenimiento para adultos.

“He sido consistente durante toda mi trayectoria por el servicio público de rechazar que se legalice este tipo de mal llamadas máquinas de videojuego para adultos que están siendo utilizadas por menores en los negocios. Hoy reitero mi oposición a cualquier medida que viabilice la propuesta de Caribbean Cage y otros, o la de los dueños de locales, la legalización de estos juegos de azar, que le causarían al pueblo de Puerto Rico mucho más gastos que beneficios”, sentenció el legislador en declaraciones escritas.

Aponte Hernández añadió: “No creo que los alegados beneficios económicos, en términos de ingresos al erario, de legalizar estas maquinitas se logren materializar, tal como nunca llegó a concretarse, ni tan siquiera estuvo cerca, las fantasiosas proyecciones de ingresos que brindó la pasada administración con el proyecto de este tipo de maquinitas en el hipódromo Camarero o las instaladas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, que, de hecho, fueron removidas”.

“Lo que sí puedo dar constancia es que existen datos reales y verificables que la legalización de estas maquinitas tendrá un efecto devastador en la salud de nuestra gente y, por ende, un aumento en los gastos del gobierno”, agregó.

Indicó que un detallado estudio de la National Coalition Against Legalized Gambling establece que el costo al gobierno de cada jugador compulsivo ronda entre los 14.006 y 22.077 dólares por año. Esto supera cualquier proyección de ingresos brindado en relación con la operación de estas máquinas: “No es un negocio viable para Puerto Rico y yo me opongo al mismo”.

“Si a estos costos le añadimos lo que representará en el área de seguridad, donde tan siquiera se habla de establecer el ‘background check’ que se hace a los dueños de casinos para los dueños de las maquinitas y locales, ni control sobre jugadores dudosos, en momentos donde la Policía enfrenta una baja en efectivos y recursos, colocamos a nuestra gente contra la pared”, cuestionó.

Aponte Hernández enfatizó que un estudio abarcador de la firma Spectrum, encomendado por la Compañía de Turismo en el año 2009, estableció que con la eliminación de todas las maquinitas ilegales de la calle, el gobierno podría obtener unos 171,7 millones de dólares adicionales en ingresos.

Por su parte, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, sostuvo que legalizar este tipo de máquinas reduciría el uso de las tragamonedas ubicadas en los casinos, las cuales generan ingresos que por ley se asignan a entes gubernamentales, entre ellos la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Por disposición de la Ley de Juegos de Azar, los ingresos de las tragamonedas en los casinos pasan a un fondo separado de la Compañía de Turismo. Dalmau precisó que ese fondo generó el pasado año unos $77 millones.

“Si se adopta el modelo que se propone para legalizar las tragamonedas, el estudio que se realiza bajo la legislación que se ha anticipado, estaríamos hablando que la UPR perdería $27 millones de los $34 millones que recibe anualmente por el impacto que tendría en los casinos. Se estima que cerca de $35 millones se perderían para el Fondo General y se anticipa que (la Compañía de) Turismo perdería entre $32 y $45 millones”, detalló Dalmau en declaraciones al inicio de la sesión senatorial.

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