Edición Latinoamérica
26 de Noviembre de 2020

Otro integrante de la Cámara alta pidió una "regulación clara"

Un senador chileno se reunió con el fiscal nacional por los casinos populares

Un senador chileno se reunió con el fiscal nacional por los casinos populares
El senador Navarro (der.) y el fiscal Abott coincidieron en que se debe fortalecer el trabajo de investigar, dilucidar y perseguir los delitos asociados a estas máquinas y se revise el continuo funcionamiento de las tragamonedas en casinos populares.
Chile | 05/09/2018

El senador Alejandro Navarro, autor de un proyecto para prohibir las máquinas populares de azar, y el fiscal Jorge Abott coincidieron en que éstas deben ser investigadas, y el primero solicitó un fiscal especial para el caso. Por otra parte, el legislador Juan Pablo Letelier advirtió un sesgo "clasista" en el conflicto, pero pide mayor regulación y también responsabilizó a los dueños de las tragamonedas.

E

l senador chileno Alejandro Navarro se reunió con el fiscal nacional Jorge Abott y compartió sus presentaciones ante el Ministerio Público en la Fiscalía de Rancagua para la Región del Biobío, y la efectuada la semana previa en la Región de O’Higgins. Acusó que las máquinas populares de azar constituyen cuatro delitos puntuales: juego ilegal, defraudación tributaria, lavado de activos y asociación ilícita.

El objetivo planteado por el senador Navarro para evitar que las máquinas populares de azar, que no son de destreza, sean investigadas y retiradas de los casinos populares, se sintetizó con la frase “Prohibir y no legalizar ni regular”. A esos fines, junto a su proyecto de ley rechazado en comisión, que busca eliminarlas gradualmente, el parlamentario se reunió con el fiscal nacional Jorge Abbott y le propuso disponer de un fiscal especial para el caso.

Ambos coincidieron en que se debe fortalecer el trabajo de investigar, dilucidar y perseguir los delitos asociados a estas máquinas y se revise el continuo funcionamiento de estos juegos en casinos populares, por lo pronto, en las regiones de Biobío, del Libertador Bernardo O’Higgins, Valparaíso y Antofagasta.

“A nosotros lo que nos preocupa es terminar con estas máquinas y no legalizarlas o regularizarlas. Hay demasiados antecedentes que demuestran que efectivamente aquí lo que hay son comisión de delitos. Y en ese sentido estamos resguardando a los más pobres, a los más humildes”, señaló Navarro al fiscal Abbott.

Otro senador busca la regulación

El debate que genera la existencia de las máquinas de tragamonedas tiene aristas judiciales y también políticas. En el Congreso entraron a trámite dos proyectos de ley: uno para prohibir su funcionamiento, y otro ingresado por los senadores Fulvio Rossi, Ximena Rincón, Carlos Bianchi y Jaime Quintana, orientado a regular la explotación de estas máquinas de juegos, que ya tuvo aprobación unánime en comisión del Senado.

El senador por la Región de O’Higgins, Juan Pablo Letelier (PS), precisa que esta discusión considera tres aspectos. Uno tiene que ver con el respeto a la libre elección de las personas que les gusta el juego; un segundo punto está en determinar si estas máquinas son de azar, y el tercero tiene relación con la necesaria regulación de estos denominados ‘casinos populares’.

Se requiere una regulación clara, es evidente la situación donde hay salones con cientos de máquinas en barrios céntricos de diferentes comunas del país, evidentemente huelen más a casinos que máquinas de diversión transitoria”, sostuvo el legislador.

“Esta discusión es un poquito clasista, como que al mundo popular hay que protegerlo. A mí no me gusta el juego pero es algo que está autorizado”, afirmó Letelier. El parlamentario socialista subraya que “hay un tema de principio constitucional de las libertades de las personas”. Además, indicó que “no todas las personas tienen plata para ir a un casino legalmente constituido, para pagar las entradas que les cobran, más aun cuando hay pocos por regiones”.

El senador Letelier también responsabilizó a los dueños de las máquinas: “Cada vez más constato que no hubo ninguna capacidad para autorregular de quienes tienen estas máquinas, no han regulado la presencia de niños en el uso de ellas”. Por último, destacó que la fiscalía está comenzando a interpretar las normas legales, y los tribunales van a terminar interpretando la situación.

Con información de El Tipógrafo.
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