En el operativo de Trinidad, desarrollado en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Boliviana, se decomisaron un total de 15 máquinas tragamonedas en un lugar clandestino ubicado en la zona del mercado Pompeya, calle Hernán Velarde.
“En el marco de nuestras competencias a partir del allanamiento emergen dos acciones, la primera es un proceso administrativo contra las personas que resulten responsables del manejo de esta casa, en el cual se va imponer una multa de 5 mil UFV (Unidad de Fomento de Vivienda) por cada una de las máquinas. Por otro lado, se abrió un proceso por vía penal en el Ministerio Público en el cual esperamos se determine quiénes son los responsables por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”, precisó ayer la directora de la AJ en conferencia de prensa desde la ciudad de Trinidad.
Por otra parte, durante la intervención realizada en la ciudad de Santa Cruz se decomisaron cuatro máquinas de juegos de azar tragamonedas, en un lugar situado en la zona del mercado La Ramada, la Calle Sutos esquina Av. Grigotá.
Saravia señaló que en cumplimiento a lo establecido en la Ley 060 y el Decreto Supremo 2600, las máquinas decomisadas serán inhabilitadas, desmanteladas y destruidas para su posterior exportación de elementos tóxicos y así evitar que vuelvan al mercado.
“El objeto de este decomiso es poder destruir las máquinas e inhabilitarlas para que no vuelvan al mercado. La gente que acude a estos lugares acude a fondo perdido, pues estas máquinas son manipulables, la actividad del juego clandestino genera problemáticas sociales, notamos que la gente que tiene el vicio por el juego compromete su seguridad y en algunos casos se presentan actos extorsivos”, manifestó la directora de la AJ, e invitó a la ciudadanía a realizar las denuncias sobre la presencia de estos lugares ilegales y clandestinos en el portal www.aj.gob.bo.
La Autoridad de Fiscalización del Juego realiza estas acciones con el objetivo de fiscalizar y controlar las actividades de juego en el país, que no están prohibidas pero deben cumplir con ciertos requisitos y ser autorizadas por la AJ para garantizar que los participantes accedan a lugares que cumplan con las condiciones para un juego justo, legal y transparente.