El abogado de Yem S.A., Julio Godoy, conversó ayer con la prensa paraguaya y explicó que la firma interpuso una demanda contencioso-administrativa, antes de que se produzca la adjudicación de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) a Daruma Sam, presidida por Manuel Lugo.
La demanda fue contra adendas introducidas en el proceso licitatorio que, según la denuncia, atentaron contra la igualdad de competencia y dejaron a las oferentes sin poder participar en la apertura de sobres.
De acuerdo con los datos, Conajzar puso como exigencia en este millonario negocio que la empresa a ser adjudicada tenga como patrimonio neto de 15.000 millones de guaraníes y la única que cumplía ese requisito era Daruma, una firma conformada recién en 2013, coincidentemente el año de inicio del gobierno de Horacio Cartes. En el proceso se presentaron compañías de 20 años en el rubro, pero que no cumplían con esa exigencia.
Fue así que Yem S.A., en el marco del llamado, consultó si puede hacer un aumento de su capital a los efectos de participar de la licitación. Conajzar respondió que sí, a través de una adenda, toda vez que produzca el aumento sea antes de la apertura. Llamativamente, ese mismo día anuló dicha adenda y volvió al texto original.
“Ahora logramos que se corra traslado del pedido de una medida cautelar de urgencia, que suspende los efectos de la adjudicación a Daruma, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión (la anulación de la adenda), pues el Ejecutivo aún no sacó decreto (que adjudica la explotación de apuestas deportivas). Conajzar debe responder, y luego el Tribunal debe sacar una resolución y ojalá el juez tenga la valentía de suspender los efectos del proceso de la licitación y la adjudicación, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión”, señaló el abogado.
Según los datos, el presidente del Tribunal de Cuentas Primera Sala, Martín Ávalos, emplazó por 10 días al titular de la Conajzar, Javier Balbuena, para que remita al tribunal copias debidamente autenticadas de los antecedentes administrativos relacionados con la resolución impugnada, y 5 días para responder a la medida cautelar.
De acuerdo con los datos, la Contraloría exigió la suspensión de la licitación, por tener indicios de irregularidades. Como esta disposición no se cumplió, el ente contralor no descarta accionar judicialmente y denunciar al titular de Conajzar.