Más allá de esta decisión que depende del Supremo Tribunal Federal (STF), dos proyectos que proponen la legalización del juego se encuentran en Diputados y Senadores. El Marco Regulador del Juego incluye normas para el funcionamiento de los casinos, bingos, tragamonedas, “jogo do bicho” y los juegos online. Según el Instituto del Juego Legal, la industria regulada del juego puede generar empleos y recaudar tributos al generar aproximadamente 59.000 millones de reales al año.
El debate llegó al Supremo Tribunal Federal desde Río Grande del Sur, luego de que justicia gaúcha determinara la práctica de juegos de azar ya no es un crimen. Por el contrario, el Ministerio Público del Estado entiende que sí lo es y llevó el caso al Supremo, donde se transformó en el Recurso Extraordinario (RE) 966177.