Frente a la proliferación de la venta fraudulenta de boletos y demás productos de lotería, la diputada de Nueva Canarias, Esther González, defendió una iniciativa para erradicar el juego ilegal en las islas, en la que se pide que las administraciones canaria y estatal prioricen la persecución de esta actividad. La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento.
Al respecto, González recordó que Canarias tiene la competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y en las apuestas, salvo las denominadas mutuas deportivo benéficas. "Los órganos encargados del control del juego en las islas", según NC, "han detectado la proliferación de actividades de venta ambulante de productos de lotería por parte de entidades sin autorización administrativa, que también ha denunciado la ONCE".
La parlamentaria denunció que el juego ilegal "no sólo supone la vulneración de la normativa sectorial, autonómica y estatal, sino que además implica una competencia desleal, un engaño para los consumidores y un fraude fiscal". Según los datos manejados por la ONCE, este sector clandestino en el Archipiélago mueve unos 12 millones de euros anuales.
La portavoz nacionalista también denunció que estas prácticas atentan contra los derechos de los trabajadores, además de "desproteger a los colectivos que requieren una atención especial, como los menores de edad". En opinión de la parlamentaria de NC, todas las razones expuestas exigen acciones "contundentes" del Gobierno de Canarias, en coordinación con la Delegación del Gobierno de España.
La proposición no de ley aprobada también pretende la colaboración de las administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, para apoyar y asistir a los funcionarios autonómicos y estatales encargados del control e inspección del juego.