El Gobierno reconoce que SELAE no gestionó bien los contratos de publicidad

“SEVALAE se constituyó el 4 de mayo de 2011 y su objeto social principal consistía en la  gestión, adquisición, tenencia, administración y enajenación de las acciones de SELAE, convirtiéndose en  la  matriz  de  esta.  Antes  de  la  constitución  de  SEVALAE,  SELAE  tramitó  la  licitación  del expediente 101/11 con cargo al que se contrató  la creatividad  y producción de  la  campaña de  la OPV de sus acciones, por un importe de 2.347 miles de euros; el objeto de este expediente era la creatividad y  producción  y  la  gestión de  los  medios  de  las  campañas  de  publicidad,  tanto  de  juegos  como  de acciones institucionales de SELAE, entre las que se incluía la OPV”, indica la carta oficial.

“La contratación de la gestión de  medios de  la campaña de  la OPV  la  llevó a cabo SEVALAE  a  través  de  su  expediente  7/11,  que  se  ejecutó  por  un  total  de  5.077  miles  de  euros.  La  oferta  de  la adjudicataria  del  expediente  101/11  preveía  una  comisión  del  5,5%  por  la  inversión  en  medios  con cargo a este expediente, el  importe de  la comisión cargado al expediente  fue el  resultad o de aplicar  la comisión  tanto  a  la  inversión  en  medios  incluida  en  el  expediente  101/11  de  SELAE  como  a  la  del  expediente  7/11  de  SEVALAE.  Ello  condujo  a  que  se  abonaran  por  SELAE  a  la  adjudicataria  del contrato 101/11 conceptos no previstos en contrato por importe de 279 miles”, detalla.

“Efectivamente, sobre el expediente 101/2011 de SELAE se ejecutó, dentro de  las acciones de  carácter  institucional,  la  creatividad  y  producción  de  la  oferta  pública  de  venta  de  las  acciones  de SELAE,  previstas  para  el  otoño  de  2011.  La  oferta  de  la  adjudicataria  del  expediente  101/11 contemplaba una comisión del 5,5% sobre el importe de la producción, la creatividad y la inversión en medios  del  contrato.  La  inversión  en  medios,  finalmente,  se  ejecutó  sobre  el  expediente  07/11  de  la recién  creada SEVALAE.  Revisadas  las  facturas apuntadas por el  Tribunal de Cuentas, se  ha podido comprobar  que  el  concepto  con  el  que  figuran  es  erróneo,  ya  que  realmente  los  servicios  facturados son correctos y corresponden al pago a la agencia por las labores de creación urgente de la campaña de comunicación,  asesoramiento  y  la  propuesta  de  todas  las  piezas  de  la  campaña  referentes  a  la  OPV, etc., pago que se fija mediante una comisión sobre la producción y la inversión en medios”, agrega.

“La agencia no cobra un importe por número de horas de trabajo concreto y efectivo,  sino que en un ejercicio de abstracción a priori de lo que podrían ser las campañas bajo el contrato y el volumen  de  trabajo  a  generar,  la  agencia  fijó  un % de  comisión  en  su  oferta  como  remuneración  a tanto  alzado,  asumiendo  un  riesgo  empresarial  dada  la  incertidumbre  del  importe  sobre  el  que  se aplicará  (esto  es,  dado  que  SELAE  decide  las  campañas  y  los  costes  y  gastos  en  que  incurre  en ejecución de la campaña, la agencia no tiene una seguridad del importe que finalmente percibirá)”, indica.

Tras explicar los detalles de la licitación de los contratos de publicidad y revisar los costos, el Gobierno concluyó que “en el Expediente 7/11 de SEVALAE se aplicaron menores descuentos a los ofertados por la agencia  adjudicataria,  lo  que  supuso  un  mayor  coste  total  de  600.000  euros,  no  quedando constancia de su justificación en el expediente”.

En esta línea, asevera que se han revisado todas  las  facturas del plan de comunicación y comprobaron que todos los descuentos son correctos con los comprometidos en los pliegos. “Las cuestiones planteadas en  la  iniciativa 184/8435 están relacionadas con  la conclusión cuarta del  informe de fiscalización que se refiere al ahorro de costes que se hubiera podido obtener en caso  de  haber  licitado  de  forma  separada  la  creatividad  y  la  gestión  de  medios  en  tres expedientes (101/11,  281/13  y  284/13),  indicando  que  de  haberse  licitado  de  forma  separada,  la  adjudicataria hubiera sido otra,  lo que hubiera supuesto un  menor coste estimado de 5.353, 11.274 y 3.136 miles de euros, respectivamente”, aclara.

"En todo caso, ha de tenerse en cuenta que lo que el informe del Tribunal de Cuentas en su redacción final establece no es la existencia de una irregularidad como señala la iniciativa sino la existencia de un riesgo de desviarse del principio de la oferta económicamente más ventajosa que sustenta una contratación pública eficiente", finaliza en la carta del Gobierno en respuesta al cuestionamiento del legislador Antonio Hurtado.