“No estamos en contra del impuesto al juego, pero se debe repensar la forma de aplicarlo”

El gobierno de Alfredo Cornejo tiene una serie de críticas para el impuesto al juego que discute el Congreso Nacional, en busca de atenuar el impacto fiscal de los cambios en el Impuesto a las Ganancias. Esos cuestionamientos los elevará a través dos legisladores nacionales oficialistas por Mendoza (el diputado Luis Borsani y la senadora Pamela Verasay) para buscar correcciones.

"No estamos en contra, pero se debe repensar la forma de aplicarlo", indicó ayer la presidente del Instituto de Juegos y Casinos, Josefina Canale.

Respecto a las críticas, la primera de ellas es que no están de acuerdo en aplicar un tributo general a las máquinas tragamonedas de 40.000 pesos (USD 2.514) por año, por el impacto que tendría en los concesionarios de los casinos del Estado.

"El impuesto no distingue entre casinos oficiales y privados. Los oficiales les pagan un canon a los Institutos Provinciales de Juegos, entonces las ganancias son compartidas. En el caso de Mendoza, son de aproximadamente un 50% de las ganancias de la sala", advirtieron desde el IPJyC.

Además, los 40.000 pesos de tasa que pagaría cada máquina no contemplan que "la rentabilidad de las máquinas difiere mucho según cada casino". Por ejemplo, cada máquina del Regency (casino líder en Mendoza) genera ganancias diarias por 1.375 pesos (USD 86,45), pero una del casino de Tupungato, sólo 522 pesos (USD 32,82). El operador de Tupungato, en ese caso, deberá destinar 153 días de ganancias para reunir la plata del impuesto.

Asimismo, en el organismo del juego local sostienen que Mendoza "tiene el nivel de tasas más alto del país" en cuanto al pago de Ingresos Brutos, que es un impuesto provincial al que se sumaría el tributo nacional. Es del 21,5% mientras que, en provincia de Buenos Aires, fue elevado este año al 16%.

Otro aspecto que genera disidencia es la inclusión en el impuesto de las máquinas de quiniela. "Se hace casi imposible que las agencias de quiniela puedan cumplir y van a generar una concentración de agencias, facilitando las apuestas de la quiniela clandestina", sentencian en el IPJyC.

No obstante, el gobierno mendocino no está en contra de que se grave con un 0,075% a cada apuesta electrónica (sean tragamonedas o ruleta), porque ese tributo se trasladaría directamente al apostador.

En el mismo sentido, el Gobierno cree que es "muy positivo" que se grave el juego online. "Hoy la Argentina no tiene una ley que lo regule, hay que aplicarlo sobre las tarjetas de crédito o los lugares que venden crédito o pagan las apuestas", señalan al respecto.