Edición Latinoamérica
29 de Noviembre de 2020

Entrevista exclusiva a Francisco Leiva, ex titular de la Superintendencia de Casinos de Chile (SCJ)

Chile: “La solución a los casinos municipales no está en el ámbito de la SCJ”

Chile: “La solución a los casinos municipales no está en el ámbito de la SCJ”
Francisco Leiva asegura que, para que la licitación de los siete casinos municipales de Chile, avance existen dos caminos: una decisión por parte del Ministerio de Hacienda o del Palacio de La Moneda, o esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema y
Chile | 28/10/2016

Francisco Leiva asegura que, para que la licitación de los siete casinos municipales de Chile, avance existen dos caminos: una decisión por parte del Ministerio de Hacienda o del Palacio de La Moneda, o esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema y adecuar las bases técnicas.

E

l exsuperintendente de Chile analiza el escenario planteado luego de que la Corte de Apelaciones aceptara los recursos de protección interpuestos por Marina del Sol e Inversiones del Sur para paralizar el proceso de licitación de las siete salas.

¿Qué implican estas órdenes de no innovar (ONI) de la Corte de Apelaciones que ahora abarcan a los siete casinos municipales para el proceso de licitación?
El efecto concreto de las ONIS es que el proceso de otorgamiento del permiso de operación para las siete plazas de los casinos municipales queda suspendido hasta que la Corte no resuelva lo contrario, o hasta que los recursos de protección sean resueltos de manera definitiva por la Corte Suprema. Esto significa que la Superintendencia está impedida de seguir adelante con el proceso, si no incurriría en un desacato.

Por lo tanto, el efecto más inmediato de las ONIS es que la fecha de presentación de las ofertas programada para el 4 de noviembre está suspendida.

Como consecuencia de las ONIS, el proceso entró en una fase de completa incertidumbre, ya que no hay fecha para la presentación de las ofertas. Además, el devenir del proceso dependerá del fallo de la Corte, ya que es altamente probable que declare ilegales diversos contenidos de las bases, con lo cual, el proceso fracasaría y debería reiniciarse con bases que deben ser modificadas al tenor de lo resuelto por la Corte.

¿Habrá algún problema con los plazos pre-establecidos?
Efectivamente. El plazo original para las presentaciones de las ofertas es el viernes 4 de noviembre. Sin embargo, al estar suspendidos los siete procesos de otorgamiento, hoy es completamente desconocida la fecha en que se deberían presentar las ofertas.

Además, en un escenario donde la Corte Suprema declara ilegales diversos contenidos de las condiciones especiales de las bases técnicas, el riesgo es que se llegue al 31 de diciembre de 2017, fecha en que los actuales concesionarios de los casinos municipales deban cerrar sus puertas, sin que se hayan otorgado los permisos de operación o bien los oferentes adjudicados no estén aún en condiciones de iniciar la operación de los casinos.

En este escenario, los siete municipios dejarán de percibir los ingresos derivados de la operación de dichos casinos, con el consecuente efecto negativo en los ingresos de esas municipalidades, además del correspondiente despido de los trabajadores.

En su opinión, ¿cómo debería responder la Superintendencia?
Creo que dado el nivel de avance del proceso y la situación de conflicto en que éste se encuentra, el tema ya escaló.

La solución no está en el ámbito de la Superintendencia, ya que la conducción del proceso que ha realizado nos ha llevado a la situación crítica en que éste se encuentra.

Además, ya se visualizaba un proceso poco competitivo, con pocos interesados en postular, debido por una parte a las ilegalidades de algunos contenidos de las bases, pero también a exigencias desvinculadas de la realidad económica de la industria.

Por lo tanto, la manera de viabilizar el proceso de otorgamiento de los casinos municipales y solucionar el problema que se les generaría a los municipios de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales, requiere de la decisión y participación del Ministerio de Hacienda o del Palacio de La Moneda. O habrá que esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema para adecuar las bases técnicas y tener un proceso de licitación realmente competitivo.

Para ello sería necesaria la tramitación de un proyecto de ley que considere la prórroga de la operación de los actuales concesionarios de los casinos municipales. De esa manera, el municipio tiene continuidad de los ingresos que aporta el casino y se tiene el tiempo suficiente para adecuar las bases técnicas y tener un proceso de licitación realmente competitivo.

¿Considera justos los argumentos que motivaron a Inversiones del Sur y Marina del Sol a presentar estos recursos? ¿Por qué?
De acuerdo con mi experiencia y el conocimiento técnico de la materia, coincido con varias de las ilegalidades planteadas en los distintos recursos de protección, ya que a mi juicio en las bases técnicas de cada uno de los siete procesos existen diferentes ilegalidades. Esto significa que algunas de las exigencias contempladas en las bases, específicamente en las llamadas condiciones especiales, exceden o contradicen normas específicas de la ley de casinos de juego.

A modo de ejemplo, para los casinos de Arica y Viña del Mar se establece que el inicio de operaciones “no será más allá del 1° de enero de 2018”. Sin embargo, la propia ley de casinos en su artículo 28 establece que el adjudicado tiene un plazo de hasta dos años, contabilizado desde el momento que se le asigna el permiso de operación, para poner en funcionamiento el casino adjudicado. Por tanto, la exigencia que estableció el Consejo Resolutivo es absolutamente ilegal.

También en Coquimbo se establece la exigencia de que el dueño del inmueble en que operará el casino de juego deberá otorgar una opción irrevocable de venta a favor de la municipalidad. En la práctica, esto significa una expropiación, lo que es materia de ley. Algo equivalente sucede en el caso de Iquique.

Por otra parte, de manera completamente arbitraria se define que la valoración de la infraestructura existente será el equivalente al 80% del avalúo fiscal de los inmuebles. Sin que exista ningún fundamento legal para una definición de ese tipo.

Además, de acuerdo a la ley de casinos, las condiciones especiales de las bases técnicas deben ser determinadas por el Consejo Resolutivo. Sin embargo, algunas de esas condiciones fueron modificadas por la Superintendencia de Casinos de Juego. Por tanto, son ilegales porque no fueron definidas por la autoridad legalmente mandatada para hacerlo.

Por: Diana Rojas - [email protected]
¿Cuál es tu opinión sobre la nota?
  • Me gusta
    %
    0 votos
  • No lo he pensado
    %
    0 votos
  • No me gusta
    %
    0 votos
Deje un comentario
Suscripción al Newsletter
Suscríbete para recibir las últimas novedades
Ingrese una cuenta de email válida
Complete el captcha
Muchas gracias por haberte registrado a nuestro newsletter.
Seguinos en Facebook