España: La OID mantiene su batalla legal contra la ONCE

Recursos de alzada, recursos de casación, apelaciones, resoluciones administrativas... La historia de OID, el “clon” de la ONCE, continúa contra viento y marea, exprimiendo al máximo todas las posibilidades que hacen que esta organización que se mantiene en el limbo de la legalidad, aún no haya sido disuelta 25 años después de su fundación.

Este “spin off” de la organización de ciegos españoles asegura poner a la venta cada día 300.000 boletos de lotería sin permiso administrativo, mientras su presidente, Dionisio González, es la cabeza visible de una madeja empresarial que comprende 15 sociedades limitadas y varias fundaciones, dos de ellas en Venezuela y el Reino Unido.

Su organización madre, encargada de vender cupones, cuenta con unos 3.000 colaboradores que no están contratados, sino que venden su lotería a cambio de un 30% de los beneficios.

La Organización Impulsora de Discapacitados surgió en 1994 en Torrelavega (Cantabria), después de que ONCE no quisiera asumir la extinción de Prodiecu, una entidad que comercializaba cupones ilegales. Desde entonces ha ido creciendo y vendió cupones en 2015 por valor de 57 millones de euros, principalmente en Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Canarias.

En algunas ciudades, como Cartagena, supera a la ONCE, la organización de derecho público cuyo sorteo utiliza -la Justicia investiga si en competencia desleal-, pues el número premiado en OID es el del sorteo de ONCE.

Su situación desde diciembre de 2014 es especialmente compleja. El 27 de ese mes, la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente de Hacienda, le impuso una multa de 25 millones de euros, posteriormente recurrida y paralizada de forma temporal.
Sea casualidad o no, desde entonces las triunfalistas afirmaciones de la organización ('La justicia, con nosotros') no se corresponden con la realidad. Varias decenas de tribunales de primera instancia desestiman sus recursos y los condenan a multas y a pagar las costas (en Bilbao, Valencia, Albacete o Sevilla).

Por otra parte, varios autos del Tribunal Supremo no admiten recursos de la organización. La justicia no parece estar con OID ni con su abogado y responsable jurídico, Javier Gallego Sánchez. La última sentencia en su contra, de un tribunal de Burgos, se produjo hace tan sólo un par de meses.