En San Salvador impidieron la apertura de un casino luego de haberle dado el permiso para operar

Un empresario salvadoreño estudia demandar al alcalde Nayib Bukele por haberle dado el permiso para operar su casino, hecho que lo llevó a invertir y a anunciar el negocio, y quitárselo días antes de la apertura. Se trata de José Oliveira, dueño del casino Riviera que pensaba abrir sus puertas en abril pasado, en el bulevar del Hipódromo de la colonia San Benito.

Según el empresario, el casino cumple con las normativas que ley que se exigen para su funcionamiento, pero la Ordenanza Municipal estableció que este tipo de negocios no pueden instalarse a menos de 300 metros de centros educativos, religiosos, parques y zonas residenciales. Según determinó la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), la sala de apuestas no cumple con la distancia requerida por la ordenanza.

Pero al solicitar una remedición, la Gerencia de Catastro y la Subgerencia de Urbanismo de la municipalidad concluyó que había 380.50 metros de distancia con centros educativos, por lo que la alcaldía, a través de un acuerdo de concejo, ordenó a la OPAMSS revocar la resolución denegatoria de reconsideración de calificación del lugar; por lo que Oliveira entendió no había restricción para continuar con el proceso de apertura del casino.

Asimismo, el empresario comentó que se reunió con los vecinos de la colonia San Benito para explicarles los detalles del negocio y que durante el encuentro no recibió ningún tipo de reclamo.

En línea con los pasos legales, realizó los pagos de impuestos, la precalificación del inmueble, solicitó los permisos para vender bebidas alcohólicas y para poder poner música; así como para obtener la solvencia municipal y la licencia para el funcionamiento del casino, por lo que debió pagar USD 1.419.

“Pagué incluso la inscripción de las 49 máquinas del casino, por lo cual cancelé USD 662, porque si no, no me daban la solvencia municipal. Luego aprovechamos para dar una capacitación del personal y calibrar el equipo, para evitar reclamos de clientes”, explicó Oliveira.

“Vamos a hacer una demanda de tipo penal, por daños y prejuicios a la Alcaldía”, sentenció tras reconocer que tiene deudas que suman hasta los USD 946.591.