En los últimos días, la industria de casinos y juego de azar de Chile viene reclamando al agente regulador que inicie oficialmente el proceso de licitación para los casinos municipales de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales, que serán concesionados entre este año y el próximo.
En esta dirección, plantearon la necesidad de tener acceso al texto borrador de las bases de licitación. Entre los requisitos que deberán cumplir los interesados hay unas “condiciones especiales”, definidas para cada municipio, que establecen que se debe notificar el montomínimo que cada uno de ellos espera percibir cada año por parte de los casinos. Es lo que se denomina la oferta económica mínima garantizada, y que va desde las USD 546.305 (14.000 UF) a USD 23.257 (596.000 UF).
“A mí me preocupa comprometerme como empresa con créditos (para el proyecto) con cifras como las que ya han salido publicadas de las ofertas mínimas ¿Y qué pasa si no se ataca de frente el juego ilegal? Eso va en contra del monopolio que nos están exigiendo operar ¿Qué pasa si sacan las licencias online? También va en desmedro. Aquí hay una oferta que hay que hacer, que es fija, y que implica comprometerse a 15 años con ese monto fijo. Cuando son condiciones fijas, creemos que tiene que haber condiciones de mercado también fijas", cuestionó Nicolás Imschenetzky, presidente y socio controlador de Marina del Sol, el grupo de casinos que opera varias salas en Chile.
Aunque todavía no conoce los números de visitas y flujos de los casinos que se licitarán, Imschenetzky entiende que ofertas mínimas exigidas son números "demasiado altos". “Sobre todo considerando que esos números se hicieron con una realidad distinta a la de hoy. La reforma tributaria, por ejemplo, hará que les lleguen menos recursos a las sociedades, porque pagan más impuestos. Y lo mismo con la reforma laboral, que está bien, pero afecta la operación, los flujos y el cálculo económico", especificó.
Otro alto ejecutivo de la industria, que se mantuvo bajo reserva, ahondó en el punto y planteó que si bien el juego ilegal ya existe, la gran diferencia es que los casinos ya concesionados pagan un impuesto variable, del 20% de la venta, por lo que si les caen los ingresos, cae también el impuesto. En esta nueva licitación, en cambio, se les pide un fijo anual comprometido por 15 años, en un contexto, además, en que hay un reciente dictamen de la Contraloría Regional de Valparaíso comprueba la existencia de juegos no autorizados e ilegales. "Esto va a ser una bomba atómica, y se va a judicializar de todas maneras", augura este actor, quien estima que este es un problema no de las bases actuales, sino de una ley y un reglamento mal hechos y apurados.