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Gran Casino Teatro Balear avanza con su batalla judicial

Con un casino en Porto Pi abierto, y otro en el centro de Palma frustrado, la guerra de casinos en la capital balear era cuestión de tiempo.
09-05-2016
Tiempo de lectura 4:01 min
Con un casino en Porto Pi abierto, y otro en el centro de Palma frustrado, la guerra de casinos en la capital balear era cuestión de tiempo.

Gran Casino Teatro Balear presentó una querella contra un perito requerido por Casino Playa S.A. por el contenido del dictamen presentado por éste contra la apertura de la sala de juegos en la plaza Comtat de Rosselló de Palma en el transcurso del procedimiento abierto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma tras la denegación de la pertinente licencia de actividad por parte del Ayuntamiento de Palma.

El informe que tenía por objeto analizar la situación urbanística del Bingo Teatro Balear y en el que, según los querellantes, el perito habría “incurrido a priori en mala praxis” toda vez que el profesional habría realizado el dictamen “sin ningún tipo de rigor ni sujeción a los hechos acreditados”, según siempre el contenido de la denuncia a la que ha tenido acceso El Mundo.

Para los denunciantes, aquel se habría extralimitado de la función que tiene encomendada “al consignar a sabiendas datos que altera y en consecuencia realizando determinadas conclusiones”, a su juicio, “falsas” y que pasan a detallar en un prolijo informe. Entre estas supuestas falsedades que, a impresión de los querellantes, se citan en el polémico informe figuran toda una batería de afirmaciones que, en realidad, son en muchos casos y, a grosso modo, las que ha venido sosteniendo el propio Ayuntamiento de Palma para denegar la licencia de actividad a Gran Casino Teatro Balear.

Entre ellas destaca, por ejemplo, la afirmación del perito cuando asegura que el proyecto de casino de la plaza Comtat de Rosselló “aumenta el aforo llegando casi a doblarlo de 600 a 1.180 personas”.

Batalla judicial
Es por ello, asegura éste en su valoración, que “se puede decir que la actividad de casino existente está fuera de ordenación pudiéndose solamente realizar en el establecimiento existente obras de mejora de sus condiciones de seguridad contra incendios, mejora de condiciones higiénicas, o supresión de molestias provocados por ruidos, etcétera”.

El querellante, sin embargo, responde en su escrito que “no se produce ninguna vulneración del aforo permitido por la actual licencia confundiendo el perito la ocupación teórica del edificio siendo el aforo del establecimiento el autorizado en la licencia de bingo de 1987”.

Lo mismo sucedería con la afirmación de este técnico cuando asegura que “se había producido un incremento sustancial de la superficie de juegos y de la total construida en el local de la plaza Comtat de Rosselló”. Para los querellantes “no es posible mantener dicha afirmación con los datos que obran en el expediente, y en concreto, con el informe emitido por la jefa de servicio de control y seguridad de establecimiento de fecha 30 de julio de 2014”.

En el mismo quedaría “plenamente recogido que en 1989 existía en el local destinado a bingo una superficie ocupada de 2.100 metros recogiéndose en el proyecto actual una superficie de 1.900 metros por lo que de haberse producido sería una disminución de la superficie que existía en 1989”.

Se da además la circunstancia para rizar el rizo que, tal y como recoge la demanda presentada, al perito querellado le fue requerido el pertinente informe “por la persona que medió como intermediario en la compraventa por la empresa querellante del bingo sito en el número 4 de la plaza Comtat de Rosselló de Palma que depositó en la notaría en la que se realizó la compraventa de todos los permisos y licencias con los que contaba el bingo, y entre ellos, obviamente la licencia de actividad”.
Así los denunciantes concluyen que aquel “habría omitido informar sobre la existencia de toda esta documentación que obra en el expediente administrativo que por su parte falsamente se indica que ha analizado”.

“Sin embargo”, abundan en el escrito, “el encargo se le ha hecho por la persona que intermedió profesionalmente en la compraventa del Bingo Balear sobre el que el querellado ha aceptado dictaminar de forma objetiva sobre las diferencias técnicas existentes entre los proyectos presentados en el expediente que autoriza el bingo y el que deniega el permiso de instalación del casino”.

Una guerra, por tanto, a tumba abierta en los juzgados cuyo recorrido no ha hecho más que empezar toda vez que el Ayuntamiento de Palma ya ha procedido a archivar el expediente de apertura del casino de Comtat de Rosselló denegando su instalación, en teoría, al incumplir con la ordenanza de usos del centro histórico.

Una decisión recurrida en los tribunales en una batalla de largo recorrido y de consecuencias imprevisibles para las arcas municipales tras la inversión de 14 millones de euros realizada por el adjudicatario en la paralizada reconversión del bingo en casino.

En su querella consideran que las afirmaciones del perito en cuestión “podrían ser constitutivas de delitos especiales tales como falso testimonio todo ello sin perjuicio de que, con motivo o desempeño de su cargo pueda incurrir en otros generales”.

Según el escrito el posible delito de falsa pericia o falso dictamen que habría cometido éste consiste en “faltar a la verdad en lo que sabe y entiende, con infracción del deber de actuar con objetividad, de proceder bien y fielmente en el desempeño del cargo, exigiéndose que el perito actúe con conocimiento de la inexactitud del dictamen presentado faltando así al deber de veracidad impuesto por todo perito que sirve a la Administración de Justicia”.

Y es que según el contenido de la denuncia, aquel habría “mentido sobre los datos examinados por lo que no nos encontraremos serán opiniones científicas, técnicas o artísticas discrepantes”.

Además de la declaración del querellado, Gran Casino Teatro Balear exige en su denuncia la declaración de toda una serie de actores que participaron en la denegación de la licencia de actividad, entre ellos, la propia jefa del servicio de control y seguridad de los edificios del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma y un funcionario del servicio de control de juegos de azar de la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

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